¿Hay que confinar a los no vacunados?

Un confinamiento selectivo puede deberse a diferentes motivos. Si se adopta para frenar los contagios, dudo mucho de que sea la medida idónea. Probablemente hay otros medios para lograr ese objetivo: las limitaciones de aforos, la exigencia de certificados sanitarios para acceder a determinados lugares, el cierre de algunos sectores, el toque de queda, etc., podrían servir a este respecto. De ser así, esta clase de confinamiento, limitado a los no vacunados, no sería legítimo, por imponer una lesión excesiva sobre unos pocos.

Que los no vacunados no cumplan la exigencia cívica de hacer todo lo posible para proteger al colectivo –inmunizándose- permite trazar diferencias en cuanto a lo que podemos pedirles a cambio, pero no avala que les impongamos unas cargas desproporcionadas. Lo razonable es distribuir los sacrificios más equitativamente. Dudo, además, de que la medida se ajustase a lo que exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y parece crear una estigmatización que debemos evitar a toda costa.

El debate sería diferente si la justificación de este tipo de confinamiento estribara en la necesidad de adoptar medidas excepcionales que redujeran los ingresos hospitalarios en un momento marcado por la saturación absoluta de los servicios sanitarios esenciales, como sucedió en varios países en marzo de 2020. Llegados a ese escenario, sería comprensible que un gobierno dictase el confinamiento de los no vacunados en cuanto que son más proclives a desarrollar las formas graves de la Covid-19. El deber de protegerles incluso frente a sus propias decisiones y de impedir que con ellas privaran de recursos esenciales a terceros legitimaría la medida. No obstante, lo decisivo aquí no sería el hecho de no estar vacunados, sino el de ser especialmente vulnerables al virus. Pero, de ser así, el confinamiento debería extenderse a toda la población vulnerable, incluidos los vacunados a los que pudiéramos considerar como tales. Todo lo demás, me suena, de nuevo, a estigmatización.

Por fin, si la finalidad de una medida de este tipo fuera forzar la vacunación de toda la población, sería mucho más razonable decirlo explícitamente, que es lo que ha acabado haciendo Austria. Lo que no tiene sentido es proclamar que no existe esa obligación, pero actuar como si no fuera así. Desde un punto de vista jurídico esto es mucho más problemático y, desde un punto de vista ético, menos respetuoso con todos.