El desquite de Montoro

Montoro tuvo un estreno amargo en su vuelta a un Ministerio de Hacienda que ya dirigió entre 2000 y 2004. Compareció en diciembre de 2011 para anunciar una de las mayores subidas de impuestos de las últimas décadas que afectó, especialmente, al IRPF. Fue la primera medida de urgencia del recién elegido Gobierno para cuadrar las cuentas después de haber prometido durante la campaña electoral lo contrario. Pero no fue el único renuncio que protagonizó el ministro. En julio de 2012, después de negarlo en reiteradas ocasiones, Montoro cedió a la presión internacional y también tuvo que aprobar un incremento del IVA del 18% al 21%.

Después de estas impopulares medidas y con la leve mejoría macroeconómica de este año, la reforma fiscal se convirtió en una prioridad absoluta. De hecho, es la medida estrella de su departamento en este 2014 y la gran oportunidad de Montoro para desquitarse de los anteriores incrementos tributarios. Así, el Gobierno aprobó una rebaja de impuestos de 9.000 millones brutos entre 2015 y 2016 de la que se beneficiarán, según el Ministerio, 20 millones de contribuyentes. Las principales rebajas afectan al IRPF y al Impuesto de Sociedades.

En concreto, la reforma reduce de siete a cinco los tramos del IRPF y rebaja el tipo marginal máximo -que ahora gravará a las rentas de más de 60.000 euros- del 52% al 47% en 2015 y al 45% en 2016. Pero el grueso de la rebaja se concentra en la reducción del tipo mínimo que pasa del 24,75% al 20% en 2015 y al 19% en 2016. Sin embargo, la rebaja fiscal no compensa las subidas de tributos realizados durante la legislatura. En cuanto al Impuesto de Sociedades, el tipo máximo pasará de 30% al 25% en 2016. Además se eliminan o limitan diversas deducciones y exenciones.

Polémicas

Uno de los puntos más polémicos de la reforma tuvo que ver con la tributación de las indemnizaciones por despido. En un primer momento, el Ejecutivo propuso un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado, que equivalía a un sueldo anual de 20.000 euros. Sin embargo, el revuelo generado llegó a ensombrecer el resto de la reforma y provocó que el Gobierno aceptara cambiarlo en el trámite parlamentario. Finalmente las indemnizaciones por despido solo tributarán cuando excedan de los 180.000 euros.

La última gran controversia de la reforma se refería a la desaparición de los coeficientes de abatimiento que penalizaban la venta de viviendas antiguas (adquirida antes del 31 de diciembre de 1994). Una vez más, el Gobierno matizó la idea original y tuvo que mantener dichos coeficientes para las plusvalías por transmisión patrimonial inferiores a 400.000 euros. Eso sí, se eliminaron los coeficientes de corrección monetaria utilizados para actualizar las ganancias patrimoniales por la venta de un inmueble teniendo en cuenta la inflación.