La caída a los infiernos… financieros de Rato

Ambos fueron protagonistas en otoño porque los actuales gestores del banco, en plena depuración de responsabilidades anteriores aunque con cierto retraso, revelaron la caja B que el segundo instauró en Caja Madrid y el primero mantuvo hasta casi su transformación en Bankia para engordar las remuneraciones de consejeros y altos ejecutivos. Un total de 83 personas dilapidaron 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012 (en todo tipo de gastos personales) con tarjetas de crédito fuera del circuito habitual y que Hacienda no controlaba. Blesa, por ejemplo, usó 13.148 euros para una cacería, mientras que Rato gastó 3.547 euros de una tacada en bebidas alcohólicas.

Blesa había sido protagonista semanas antes porque un tribunal expulsó de la carrera judicial al controvertido Elpidio Silva, condenado por prevaricación continuada a raíz de encarcelar al exfinanciero dos veces en 2013 por dos de sus operaciones irregulares en la caja de ahorros madrileña: la compra de un banco estadounidense en Florida y los créditos a Gerardo Díaz Ferrán, el expresidente de la CEOE que será juzgado este 2015 por el vaciamiento patrimonial fraudulento de su emporio Viajes Marsans. Lo suyo aparenta ser un fraude de libro, algo parecido a lo que habría hecho el pícaro confeso Jenaro García en el ya desmoronado imperio del wifi que quiso crear Gowex, y cuyos destalles espera desentrañar este próximo año la justicia.

Rato, a su vez, ha copado las portadas en las últimas semanas tras parir los dos peritos del Banco de España al servicio del instructor del caso Bankia el informe que se les pidió hace casi dos años. Sus conclusiones han resultado demoledoras: el banco salió a Bolsa en 2011 con sus cuentas manipuladas para no reflejar su imagen fiel, ocultando así un agujero de 4.570 millones de euros. La presunción lógica -ahora corresponderá al juez confirmarlo- es que los más de 347.000 pequeños inversores que acudieron a esa OPV lo hicieron engañados y que también el FROB, responsable de su rescate con 22.424 millones de euros de dinero público, resultó perjudicado.