Viviendas asequibles y para todos: el reto de la nueva arquitectura

Según la organización del evento, se han identificado las barreras comunes que impiden lograr este objetivo de una vivienda asequible. A partir de ellas se ha realizado una declaración multilateral con capacidad para impulsar planes de acción locales en base a indicadores locales. Es decir, una agenda 2030 sobre vivienda a la que podrán sumarse todas aquellas organizaciones que lo deseen.

Estas seis grandes barreras son: desajustes (establecer un equilibrio entre el tipo de vivienda que se requiere y el tipo de vivienda que se produce), políticas y regulaciones, financiaciones, diseño, promoción y producción, y propiedad y tenencia.

Durante el congreso, habrá miradas muy específicas sobre cada uno de estos retos y oportunidades, además de una mirada transversal desde la sostenibilidad social económica y medioambiental.

La organización también ha creado un mapa en el que se pueden localizar todos los indicadores que afectan a la hora de hacer una vivienda asequible, con los casos de éxito de los 120 países que participan.

Ángela Baldellou asegura que la arquitectura llegó a desconectar de la sociedad. «Hace falta un proceso para definir cómo nos vamos a mover en las ciudades (para ir al colegio, al trabajo, a la compra) y cómo van a ser nuestras casas, parques y otras dotaciones. Todo eso es arquitectura. Tenemos que recuperar que la sociedad se sienta partícipe de estos procesos» porque, tal y como explica, «se construye para para cientos de años». Baldellou reclama también «el papel fundamental que juega, en la transición ecológica, la arquitectura» que, junto con el sector de la construcción, es responsable de cerca del 40% de las emisiones.

Esta responsable se muestra optimista sobre el impacto que tanto el congreso como la arquitectura va a tener en pos de la sostenibilidad. «Estamos acostumbrados a trabajar desde compartimentos, pero hay que romper esas inercias. Hay que facilitar compartir conocimiento, datos, soluciones. Muchas veces encontramos soluciones innovadoras en donde menos lo esperemos. Simplemente no las conocemos porque no había un sitio donde pudiéramos encontrarlas», reflexiona.

Esta declaración de intenciones con la que se cerrará el congreso será un marco de trabajo base sobre el que luego se habrán de hacer adaptaciones locales.

Carme Trilla, presidenta de la fundación Habitat 3 y una de las ponentes en el congreso de Madrid, considera que en España, y probablemente en el resto de Europa, el principal reto es resolver la discrepancia entre el coste de la vivienda y la capacidad de pago de las familias. «Hay una gran discrepancia entre el incremento en el precio de la vivienda y la subida de los salarios». Según sus datos, la gran burbuja inmobiliaria que vivió España hasta el año 2007 provocó que el precio de los pisos se incrementara un 300%, mientras que los salarios lo hicieron en un 60%.

Además, explica que aunque el crecimiento de la población se haya podido estancar, el tamaño de las familias también se ha reducido, lo que implica que se necesitan más hogares. A ello habría que añadirle el aumento de la esperanza de vida, por lo que hay más personas viviendo solas. «Seguimos necesitando más viviendas aún sin crecer en población», expone, añadiendo que esto es especialmente notable en las ciudades, «donde se producen más estos fenómenos sociales y siendo además las que reciben también movimiento migratorio», consecuencia de la España vaciada.

Por ello, reclama también un cambio en la legislación para permitir que se puedan modificar viviendas antiguas, generalmente de mayor tamaño para acoger a estas familias numerosas, y convertirlas en dos o tres hogares nuevos.

Para Trilla es necesario abordar una política de vivienda en la que también se garantice un alquiler asequible, especialmente a la población más joven. «La vivienda tiene una incidencia enorme, tanto en la cohesión social como en el futuro de la emancipación juvenil», sentencia.

Para ella, «la clave está en llegar a fórmulas de acuerdo con los propietarios» de forma que también tengan una garantía del Estado para, en caso de tener un problema, poder cubrir el déficit. Sería un modelo de concertación, como se hace en sanidad o en educación.

«Allí donde no llega la administración pública, lo que hace es concertar con el sector privado. En vivienda se tendría que hacer, porque el parque público que hay es absolutamente insuficiente», sentencia.

En su experiencia, los estados deberían tener un 15% de las viviendas de forma pública. «También hay que aumentar el presupuesto público para políticas de vivienda, de manera que podamos ayudar a la gente a pagar sus vivienda y a los propietarios a compensarlos de alguna manera», detalla.