Los regantes piden que se construyan 27 embalses para evitar otra catástrofe como la DANA de Valencia

El campo español ha esperado un tiempo prudencial -a todas luces por respeto a las víctimas de la DANA de Valencia- para reivindicar los daños sufridos por las lluvias torrenciales de octubre en el sector. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) presentó ayer el primer balance que se realiza al respecto, en el que cifran en 70.000 hectáreas las tierras inundadas, repartidas fundamentalmente en Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, y en 250.000 millones de euros los daños registrados en las infraestructuras de riego tras las riadas.

Se han perdido las cosechas de huerta, viñedos, caquis, cítricos, etc., además de arbolado que tardará entre cinco a diez años en ponerse en producción. A su vez, la riada ha anegado casas de guardas, centros de control, instalaciones eléctricas, automóviles, cabezales e hidrantes de las parcelas; y ha lamentado la rotura de acequias.

La situación empeora si se tiene en cuenta que solo el 10% de las comunidades de regantes tienen las conducciones y las balsas aseguradas de daños propios, es decir, que no cubren todos los riesgos. Los daños en algunas comunidades ascienden al 80% del valor de las infraestructuras.

Junto con los datos, presentaron soluciones. Reivindican, como lo han hecho históricamente, la construcción de más embalses. Al menos que se construyan ya los 27 que fueron aprobados en 2023 por el actual Gobierno. «Si queremos que esto -refiriéndose a la DANA- no se vuelva a repetir, hacen falta estas infraestructuras», pidió Juan Valero.

Hasta la fecha se han ejecutado sólo tres de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, por lo que un 29,2% de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han construido, pese a haberse aprobado en los diferentes planes de cuenca y contar con sus informes preceptivos.

La citada asociación de comunidades de regantes puso de manifiesto la necesidad de revisar el antiguo acuerdo en el que se redujo la cifra de nuevos embalses de un centenar a los 27 citados, entre ellos, cuatro previstos en la Comunidad Valenciana que fueron eliminados. «Tras lo sucedido, con la nueva información de la que disponemos, quizá se debería volver a revisar porque cuando se tomaron estas decisiones no había doscientos muertos sobre la mesa», valoró.

Sobre si el cambio climático es el factor que debe tenerse ahora en cuenta, Valero pidió que el debate no se centre en si este fenómeno global es o no el culpable, sino en las soluciones que se deben llevar a cabo para evitar que nuevas lluvias torrenciales -y sequías, el otro extremo de las consecuencias del calentamiento global- cause más daños a la economía y a la población.

Para ello piden invertir los 2.500 millones de euros previstos en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para derribar presas a la ejecución de nuevas obras hidráulicas en los planes hidrográficos.

La tendencia de las políticas relativas al agua y al medioambiente conducen a un freno a la construcción de embalses, algo que para los regantes es una «contradicción» si lo que se quiere es fomentar las soluciones de adaptación al cambio climático. «Francia e Italia, por ejemplo, está negociando la construcción de pequeños embalses porque los necesitan para mantener a salvo ciertos cultivos», explicó el portavoz de los regantes al tratar de asuntos tan graves, precisamente agravados con el cambio climático, como la sequía.

Recordó, que además de la función de proveer -el 80% del agua del grifo en España procede de embalses- también cumplen con una labor de laminación de las avenidas -restar turbulencias en los caudales- en otoño, cuando las riadas amenacen a las poblaciones. «La política de parón de estas infraestructuras está equivocada. Hay que volver a revisar el coste-beneficio», defendió el presidente de los regantes, quién insistió en que con más presas construidas se habrían minimizado los daños de la DANA. Según los datos incluidos en el Plan de acción frente a DANAS presentado, el agujero en la inversión en obras de regulación en los anteriores Planes Hidrológicos asciende hasta los 3.000 millones de euros, lo que agrava el riesgo que suponen los fenómenos climatológicos más extremos.

Otras actuaciones urgentes para mitigar las consecuencias de estos últimos, a juicio de Fenacore, serían la limpieza de cauces para mantener los ríos en buen estado funcional y ecológico, con la eliminación de obstrucciones, sedimentos acumulados y vegetación excesiva, capaz de alterar el flujo natural del agua o aumentar el riesgo de desbordamientos.

En este mismo sentido, señalaron la importancia del encauzamiento de ríos y barrancos para modificar el cauce natural y así poder controlar y dirigir el flujo del agua, generalmente con el objetivo de prevenir inundaciones, proteger infraestructuras cercanas o adaptar el río a necesidades concretas, ya sea navegación, riego o uso urbano del suelo. Finalmente, no recomiendan construir ni rehabilitar viviendas ya dañadas en zonas inundables.

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