Casi todos los españoles respiraron aire contaminado con ozono este verano

Los niveles de concentración excesiva han repuntado -tras dos años de retrocesos con la pandemia- como consecuencia de las tres intensas y prolongadas olas de calor del verano -el más cálido al menos desde 1961- y del retorno de los atascos y la quema de combustibles fósiles en las ciudades. No obstante, aún no se haya alcanzado la gravedad vivida en muchos territorios en los ejercicios anteriores al covid.

El análisis concluye que el 98,7% de la población española -toda salvo los vecinos del norte de Gran Canaria y de Tenerife y los de Logroño y Pontevedra- estuvo expuesta en los días y semanas más calurosos del año a niveles insalubres de esta sustancia.

El cambio climático se confirma como un factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por ozono, por el incremento de temperaturas, el alargamiento progresivo de la duración del verano y la reducción de precipitaciones, a lo que se sumó este año el agravante de los virulentos y reiterados incendios forestales, los más destructivos del siglo.

El ozono troposférico es el contaminante más inhalado en España y, según los cálculos de la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Banco Mundial, provoca la muerte prematura de no menos de 1.800 españoles al año, lo que supone un coste en atención sanitaria y de bajas de unos 5.000 millones.

Su presencia en niveles tóxicos se concentra en los días con mayor temperatura y sequía de la primavera y del verano -con la llegada de las lluvias y el invierno se suspende el fenómeno-, en sus horas centrales y al comienzo de la tarde, y los colectivos más proclives a padecer daños son los ancianos, los niños, las embarazadas, las personas que hacen deporte al aire libre durante esas horas y los ciudadanos con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

Es un contaminante no producido directamente por el hombre sino generado en las capas bajas de la atmósfera por el efecto combinado de las fuertes radiaciones solares -por lo que va a más con el aumento de las olas de calor- y por la acumulación de los gases de combustión de carbón, petróleo y gas en vehículos, centrales eléctricas y calderas.

Tiene la peculiaridad de que aunque es en las zonas urbanas donde se genera la mayor parte de estos gases de combustión, las áreas de más alta contaminación por ozono son las periferias de las ciudades y las zonas rurales, porque en las urbes la sustancia se destruye casi al tiempo que se genera.

Ecologistas en Acción, después de analizar entre enero y octubre los 490 estaciones oficiales de medición repartidas por España, confirmó que los territorios más afectados, en los que la sustancia superó con cierta regularidad los límites legales estatales, fueron la Comunidad de Madrid y Cataluña, habiendo aumentado también en la cornisa cantábrica (Asturias, Cantabria y País Vasco), Baleares y el sur de Castilla y León. Este año se superó dos centenares de veces el umbral de concentración que obliga a informar a la población. Por contra, los niveles de ozono se redujeron especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, norte de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Valle del Ebro, Extremadura y Galicia.

Pese a la sustancial mejora durante pandemia, hasta trece zonas de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid, con siete millones de habitantes, siguieron incumpliendo el objetivo legal en el trienio 2020-2022, al excederlo en al menos una de las estaciones de medición ubicadas en su interior.

La organización ecologista denuncia que las instituciones, tanto autonómicas como estatales, no hacen prácticamente nada por reducir la contaminación por ozono ni por alertar de los riesgos. Los gobiernos de Asturias, Extremadura y País Vasco, aseguran, no advirtieron a sus vecinos de los episodios de este verano, pese a ser preceptivo, mientras las restantes comunidades solo difundieron avisos rutinarios. Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono. Solo Valladolid aplicó medidas de limitación del tráfico en los picos.

 

Los planes de mejora de la calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios según la legislación, pero que hasta diez autonomías -Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco- siguen sin aprobarlos.

Estos planes, según los expertos de la ONG, deberían centrarse en reducir en las ciudades y autopistas el tráfico rodado y sustituirlo por transporte colectivo limpio, vehículos eléctricos, bicicletas y más áreas peatonales; en penalizar fiscalmente los vehículos diésel; en apostar por las energías renovables y cerrar las centrales térmicas de carbón; en dictar una moratoria para nuevas grandes explotaciones ganaderas intensivas; y en fabricar pinturas, tintes y colas que se puedan disolver en agua y no precisen como ahora de productos contaminantes que producen ozono.

A dos meses para que venza el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático muy pocas han cumplido la obligación legal. Ecologistas en Acción pide a los alcaldes que «prioricen la salud de sus vecinos sobre cálculos electorales poco justificados».