La encrucijada de la seta y el champiñón

A finales del año pasado, el sector en La Rioja consiguió del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una autorización excepcional para la utilización de algunos productos fitosanitarios basados en el fluxapyroxad y poder unirlo así a los fungicidas tradicionales que sí estaban permitidos legalmente y que lo siguen estando.

Sin embargo, esa excepcionalidad concluyó el pasado 31 de diciembre y el problema persiste, con la diferencia de que ahora ya no se puede seguir utilizando esa sustancia que «no era la panacea, pero ayudaba bastante», según explica Rebeca Lavega, presidenta de Asochamp, la Asociación Profesional de Cultivadores de Champiñón de La Rioja, Navarra y Aragón.

Lavega reconoce cierto desánimo entre el sector porque «estás muy limitado, y a todos nos gusta luchar en condiciones. Nosotros lo estamos haciendo sin ningún tipo de protección», admite, y explica que no les queda otra opción que «tratar de hacer las cosas lo mejor posible, extremando las medidas de higiene, para evitar que la plaga entre en la explotación porque, ante esa situación, sólo queda una solución que es el vacío sanitario», o sea, vaciar todo y volver a empezar y eso genera «miedo entre los agricultores».

Esta situación se agravó a partir de la retirada, por parte de las autoridades sanitarias, de otro de los elementos que se usaba para combatir estas enfermedades y dejando a la metrafenona como única herramienta a utilizar por los cultivadores, lo que ha hecho, que como ocurre en estos casos, la enfermedad vaya generando una resistencia ante el único producto que se puede utilizar para combatirla.

Raquel Lavega explica que es una situación muy difícil de gestionar porque «el agricultor vive en una incertidumbre constante» y por ello, el sector reclama para su propia supervivencia la utilización de todas las herramientas posibles para combatir los peligros que la amenazan.

La presidenta de los cultivadores es consciente de que durante el invierno los peligros son menores, «pero es que cada vez los inviernos son más cortos y las temperaturas bajan menos, y eso no es bueno para nuestras explotaciones», explica Lavega, añadiendo que «cuando las temperaturas son bajas no hay mosquitos, pero cuando se elevan, sí que surgen y eso es realmente peligroso porque ellos son el principal vector de transmisión de enfermedades y son casi incontrolables».

Bajo estas premisas, el sector aboga por la autorización de un fungicida realmente eficaz, que existe, pero que por sus características no está autorizado ni por las autoridades españolas ni por Europa.

Ante esa difícil situación, los cultivadores de seta y champiñón de La Rioja se plantean volver a recurrir a la vía de la excepcionalidad, y volver a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España que vuelva a permitir la utilización del mismo producto que estuvieron utilizando hasta el pasado 31 de diciembre. «Aunque no es la solución, es una herramienta más y hay que hacer uso de todo lo que legalmente se pueda para evitar una baja producción. Ahora, de momento, el frío está mitigando la aparición de enfermedades, pero es un peligro que tenemos ahí y que va a surgir», afirma Raquel Lavega.

La decisión no es fácil porque desde el sector son conscientes de que esa excepcionalidad no va a ir más allá de 120 días, por lo que es necesario hacer una valoración para elegir el momento de su aplicación.

Otra de las soluciones que podría ayudar a paliar la grave situación a la que se enfrenta el sector es la ampliación del registro de productos fitosanitarios aptos para el uso en los cultivos de seta y champiñón, pero la presidenta de los cultivadores de La Rioja, Navarra y Aragón reconoce que sería una solución muy a largo plazo, porque esas autorizaciones tardan en torno a cinco años en llegar. «Es un proceso muy largo. Desde que una casa está dispuesta a solicitar la licencia de uso hasta que, después de las oportunas pruebas, se observa que se puede otorgar, pueden pasar cinco años, y eso es mucho tiempo», explica Lavega. «Para todos los fitosanitarios el proceso que se sigue es el mismo. Todos los productos deben demostrar su utilidad, pero también otros aspectos, como por ejemplo, los residuos que deja...», comenta.

Además, en el caso del champiñón, el sector choca con la realidad económica dentro de la producción agrícola comunitaria: «Este es un sector minoritario tanto en España como en Europa si lo comparamos con otros, (no así en La Rioja donde tiene un notable peso en la economía regional) y por ello, el interés de las empresas químicas en desarrollar nuevos productos, es mucho menor».

La burocracia administrativa también supone un obstáculo casi insalvable para los champiñoneros riojanos: «La normativa que nos limita es europea por eso, nosotros nos podemos entrevistar y manifestar nuestras quejas a la Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja, pero ellos no nos pueden solucionar nada».

Como mucho, desde el Ejecutivo regional pueden elevar la queja riojana al Ministerio en Madrid, pero ahí, los cultivadores riojanos también se topan con que, en muchos casos, las medidas a adoptar tampoco dependen de ellos sino que vienen impuestas por la Unión Europea a través de la Comisión de Agricultura.

Asochamp, la Asociación Profesional de Cultivadores de Champiñón de La Rioja, Navarra y Aragón es consciente de que su demanda; no obstante, ha llegado a la Comisión Europea, pero la saturación burocrática hace que los plazos se alarguen, y los problemas casi se perpetúen.

Y en una reflexión que va más allá del problema de la enfermedad del pelo, Raquel Lavega afirma: «El Green Deal está bien a nivel teórico, pero tal y cómo está planteado es insostenible para el productor. No nos deja margen de actuación. Sólo podemos extremar las medidas de higiene, pero no es suficiente», en una sentencia que firmaría la mayor parte del sector agrario riojano.