Los artículos de la Constitución en el limbo

«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

El artículo con más elementos que contradicen lo real de lo, a día de hoy, utópico. Las cifras del desempleo hablan por sí solas mes tras mes sobre el grado de incumplimiento de este derecho constitucional. Según las publicadas en noviembre, 3.474.281 de españoles carecen de empleo. La vulneración constitucional va mucho más allá. Primero está «la libre elección de profesión y oficio», algo más que complicado incluso para los que no engrosan las filas del paro. La siguiente pregunta es: ¿Existe una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y la familia? El Salario Mínimo Interprofesional está fijado en 736 euros, una cantidad que el Gobierno se ha comprometido a incrementar hasta los 900 euros a partir de enero.

Según los últimos datos hechos públicos por Eurostat, España es el tercer país de la Unión Europea con más trabajadores en riesgo de pobreza, un 13,1% del total. El colofón llega con la prohibición de que exista discriminación por razón de sexo. La Comisión Europea estima que la brecha salarial en España es del 14,2%. Esto supone que, en comparación con los hombres, las mujeres trabajarán gratis desde el pasado 3 de noviembre hasta el próximo 31 de diciembre.

«Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo».

La lucha contra la contaminación y el cambio climático es una de las grandes batallas que se libran en la actualidad, tanto a nivel internacional como interno. Greenpeace, Amnistía Internacional e Intermón Oxfam defienden una reforma constitucional que potencie el derecho a un medio ambiente saludable, lo que obliga «a la protección del ecosistema y de la salud de las personas». Una investigación de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III eleva a 93.000 las muertes prematuras en España durante la última década a causa de la polución.

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

Se lanzó al vacío desde un quinto piso instantes después de que una comisión judicial llamara a su puerta para desahuciarla. Ocurrió en Madrid este 26 de noviembre. Se llamaba Alicia, tenía 65 años y su nombre se suma al de una larga lista de personas que desde que comenzó la crisis en 2008 prefirió quitarse la vida antes que quedarse en la calle. La historia personal de cada una de ellas es escalofriante. Los números también.

En 2017 se efectuaron 60.754 lanzamientos hipotecarios. Y todos con orden judicial de por medio. El acceso a la vivienda está conectado de forma directa con la precariedad salarial. El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, plataforma de entidades juveniles nacida en 1983, señala que en 2017 solo el 19,3% de los menores de 30 años pudo independizarse. El resto siguió en casa de sus padres.

«Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».

Sin duda, una de las mayores batallas políticas y sociales de 2018 ha sido la de las pensiones. Los jubilados cobran mensualmente una media de 1.106 euros. La pensión varía según la comunidad autónoma en que se cobre. La lista la encabeza el País Vasco, con 1.365 euros mensuales, y la cierra Extremadura, con 913. Por último, se debe de tener en cuenta que, durante la crisis, la tabla de salvación de los desempleados ha sido una pensión de sus mayores que ni siquiera les da para vivir ellos mismos, por mucho que diga la Constitución.