La Audiencia Nacional no indemnizará a los perjudicados por las preferentes de Bankia

Jaque... y casi mate. Las decenas de miles de perjudicados por las participaciones preferentes de Bankia o de sus cajas participadas (Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja de Ávila, Caja de Segovia, Caja de La Rioja y Caixa Laietana) que no pudieron, o quisieron, acudir a un arbitraje para recuperar sus ahorros y tenían la esperanza de obtener una compensación por la vía judicial acaban de recibir un jarro de agua fría.

La Audiencia Nacional les ha dejado bien claro que a través de los procedimientos penales abiertos en este órgano, como piezas separadas del llamado 'caso Bankia', no podrían recibir ni un euro. Al menos, aquellos que no acrediten haber sufrido un perjuicio directo por la «planificación, ideación y comercialización generalizada» -que no a título individual-de esas preferentes.

Es decir, que según el juez instructor del caso, Fernando Andreu, y la Sala de lo Penal de la Audiencia, sólo quienes compraron acciones de Bankia antes de su salida a Bolsa el 20 de julio de 2011 serían perjudicados. ¿Y por qué ellos sí y un preferentista no? Porque como socios del banco, cualquier ocultación previa de información relevante -por ejemplo, posibles irregularidades preconcebidas en esas participaciones «de riesgo» (como las definió el propio regulador)- que, a su vez, podría devenir en un perjuicio patrimonial para la entidad -como consecuencia de hacer frente a reclamaciones masivas-, supondría un engaño.

La Fiscalía Anticorrupción destaca al respecto que la venta de títulos antes de esa fecha «vino precedida de una amplia campaña publicitaria» (que obviaba cualquier problema, como el de las preferentes), así como de «una intensa actividad de captación de clientes y de 'recomendación' de los valores en las oficinas de las cajas de Bankia».

Límites a la responsabilidad

Unas 'recomendaciones', como entrecomillan los fiscales por sus sospechas de presiones y otro tipo de actuaciones, que «no suceden con posterioridad» o, cuanto menos, no en la misma medida pues el movimiento de acciones ya se dio en el mercado secundario y fueron los propios inversores los interesados. La Audiencia Nacional lo delimita de forma tajante: «no puede predicarse una responsabilidad de la entidad querellada (Bankia) que se prolongue sin solución de continuidad».

En el caso de quienes únicamente compraron preferentes a título individual, el instructor viene rechazando su personación desde hace semanas -sólo admite a los primeros accionistas de Bankia-. Incluso ha tachado su pretensión de «procesalmente inaceptable» porque la propia Sala de lo Penal -que acaba de rechazar la imputación de los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, por extensión, la responsabilidad civil subsidiaria del Estado- ha dejado fuera de la causa la posible persecución penal de los comerciales y directores de oficinas que vendieron preferentes.

«En ningún caso se va a derivar para ellos (los preferentistas) una reparación económica en este procedimiento», llega a advertir la Fiscalía con la anuencia del juez. Un aviso a navegantes ante la posibilidad de que se pudieran personar miles de afectados. A estos sólo les queda así una opción para recuperar su dinero o ser indemnizados, más allá del arbitraje: presentar una denuncia en el juzgado que corresponda a su territorio, pues la Audiencia Nacional también está rechazando las inhibiciones que le llegan de provincias.

Más factible resulta la opción de las demandas civiles donde, pese a la lentitud, la mayoría de las sentencias vienen favoreciendo a los preferentistas. Eso sí, una hipotética condena posterior a los antiguos responsables de Bankia o sus cajas por planificar la venta de esos productos ayudaría sobremanera a sus reclamaciones. De ahí la importancia de las declaraciones que a partir de hoy (y hasta el viernes) prestarán como imputados ante la Audiencia 13 ex altos cargos de Caja Madrid y otros dos de Bancaja, encabezados por Miguel Blesa y su antiguo consejo.

Los preferentistas acudirán a la UE

Las decenas de miles de perjudicados por la compra de preferentes de bancos y cajas que siguen sin lograr una satisfacción, bien por la vía del arbitraje, bien por sentencia, tienen ya habilitada una doble vía para plantear sus reclamaciones ante las instancias comunitarias. La Asociación de Clientes Financieros ha presentado varias denuncias para que el Parlamento Europeo abra un procedimiento contra el Estado español como presunto responsable último de lo ocurrido.

Más lejos van los promotores del PPR, el Partido de Perjudicados por las Preferentes, que tiene previsto presentarse a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo una vez logre los 15.000 avales necesarios. Su programa político, tan simple como rotundo: «conseguir la aprobación de leyes que solucionen el conflicto de las preferentes», e incluso de otros problemas «que afecten a grandes colectividades».