La Rioja multiplicará los controles en VPO para atajar el fraude

El Gobierno de La Rioja ha declarado públicamente la guerra al fraude en la VPO. Tenerla vacía, alquilada o en venta antes de tiempo serán irregularidades más perseguidas a partir del próximo 1 de enero. El I Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2010-2011 prevé un total de 28.562 actuaciones con el firme propósito de que se cumplan todos los objetivos por los que fueron creadas, reforzando su función social y garantizando el acceso a quienes verdaderamente van dirigidas.

Los controles programados afectarán a las viviendas protegidas calificadas al amparo de los planes 1998-2001 y 2002-2005, es decir, a aquellas promociones datadas en los últimos 10 años y que todavía están sometidas a las limitaciones legales que impiden su venta y su arrendamiento salvo autorización excepcional. De hecho, en próximas fechas, sus adjudicatarios serán informados mediante carta.

«Ello no quiere decir que hasta ahora no se hiciesen inspecciones en este sentido, si bien es cierto que se llevaban a cabo como respuesta a las denuncias recibidas ante aquellas irregularidades que más alarma creaban, sin programación y con menos medios», explicó ayer el consejero de Vivienda y Obras Públicas, Antonino Burgos, quien aseguró que no se trata de «acosar para pillar».

A fin de disuadir a la ciudadanía del uso de VPO con fines especulativos, la Ley de Vivienda de La Rioja establece sanciones comprendidas entre los 3.000 euros por infracciones leves y los 300.000 por las muy graves. Según ejemplificó la directora general de Vivienda, María Antonia Ortigosa, contar en propiedad con un piso de protección no destinado a su uso de vivienda habitual, es decir, tenerlo deshabitado o alquilado a terceros, podría significar una multa de entre 30.001 y 300.000 euros.