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LA RIOJA
Sábado, 31 de octubre 2009, 01:56
El secretario general de USO La Rioja, Javier Martínez Miguel, denunció ayer «el derroche» que suponen «las subvenciones concedidas a la Fundación Privada Tribunal Laboral» por parte del Gobierno regional, después de analizar un estudio sobre los costes de este servicio «para las arcas públicas», razón por la que solicitó «su supresión».
En su comparecencia ante los medios de comunicación, Martínez Miguel indicó que, según los datos que constan en las memorias económicas y de actividades presentadas por la Fundación ante el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Autónoma, órgano dependiente de la Dirección General de Justicia e Interior, tras 13 años de subvenciones, las aportaciones totales han sido de 3,42 millones de euros.
Esto, apuntó, supone «un gasto medio anual 263.795,77 euros», a lo que sumó que, en el 2008, la actividad de esta fundación privada se concretó en 603 actuaciones, y en 397 en el año 2007. muy por debajo de la UMAC, dependiente de la Administración estatal.
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