Plante a la ley de medios argentina

Tras un acalorado debate, los diputados de Argentina aprobaron ayer una polémica ley de medios de comunicación propuesta por el Gobierno de Cristina Fernández que promete restringir los monopolios. El proyecto, debatido en ausencia de más de un centenar de legisladores opositores, fue remitido al Senado, que podría votarlo en octubre. El oficialismo confía en que la iniciativa quedará sancionada en el Cámara Alta.

Lo cierto es que sobre un total de 153 diputados presentes en el Parlamento en la madrugada argentina, 147 votaron a favor, tres en contra y tres se abstuvieron. Se pronunciaron por el proyecto los legisladores del oficialismo y de otros de partidos de centroizquierda que en el último momento lograron que el texto recogiera algunas de sus sugerencias. Antes de la aprobación, 104 miembros de la oposición habían abandonado la Cámara denunciando que el Gobierno sometió el proyecto a votación tras el pronunciamiento de las comisiones y sin esperar los siete días que exige el reglamento. «Es vergonzoso que no haya más tiempo para que la oposición analice lo que se aprobó», protestó Fernando Iglesias, de la opositora Coalición Cívica.

El oficialista Leonardo Gorbazc argumentó que no podía entender «a los que se preocupan por controlar al Gobierno, y no a los monopolios mediáticos». El proyecto había sido presentado por la presidenta en agosto con la idea de conseguir un trámite rápido, previo a la incorporación de los legisladores electos en los comicios de junio, cuando el oficialismo perdió la mayoría en ambas cámaras. En cambio, a la oposición le convenía dilatar la discusión y votar ya en 2010.

Reparto de licencias

La iniciativa, de más de 160 artículos, reemplaza a una repudiada Ley de Radiodifusión de la dictadura militar (1976-83). Desde 1983 hubo decenas de proyectos para modificar la legislación, pero nunca prosperaban por falta de voluntad política. La nueva norma prevé que los grandes grupos deberán desprenderse de licencias de radio y televisión ya que reserva el 33% del mercado a entidades sin fines de lucro.

Las dudas, sin embargo, surgieron porque el Gobierno presentó la normativa en un momento en que mantiene un claro enfrentamiento con el grupo Clarín, dueño de más de 200 medios de comunicación en Argentina. La oposición y las propias empresas periodísticas consideraron que el Ejecutivo busca así atacar la libertad de expresión y controlar a las compañías privadas. «En un año el oficialismo se va a quedar con todos los medios estatales y comunitarios del país», vaticinó la opositora Silvana Giudice antes de retirarse de la cámara.

Uno de los diputados de centroizquierda que votó a favor de la ley, Claudio Lozano, cuestionó la «torpe actitud» del oficialismo de plantear esta reforma justo cuando está enfrentado con Clarín, y dijo que ese fue «el principal obstáculo» que enfrentó el proyecto. Pero el contenido en sí de la iniciativa tiene respaldo de universidades, organizaciones sociales y medios de comunicación comunitarios que desde hace décadas reclaman una nueva legislación.