La toga y la manta

El Código Penal es claro. En el artículo 270 se detalla que los que cometan delitos contra la propiedad intelectual se enfrentan a penas de entre seis meses y dos años de prisión y a multas de entre 6 y 24 meses. Pero, ¿vender cedés y deuvedés grabados ilegalmente es un delito? De momento, sí. Aunque empiezan a escucharse voces en los juzgados que reclaman un cambio para los inmigrantes que se dedican al 'top manta'. La Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona, el Juzgado de lo Penal número 6 de Granada, tribunales asturianos...

Actualmente, en La Rioja, los jueces suelen mantener las condenas penales (tanto en los juzgados como en la Audiencia), aunque también hay excepciones. «Hace poco tiempo llevé un caso y hubo una voluntad de no condenar», explica el letrado logroñés Alfredo Daroca, experto en temas de inmigración. En los ámbitos judiciales se debate ya abiertamente si es más recomendable enjuiciar a los imputados por la vía civil o la penal: jueces de Cataluña, Madrid, Andalucía... ya han abierto el 'melón'.

Sin embargo, en La Rioja se prefiere mantener silencio sobre el tema. Ninguno de los togados de La Rioja consultados por este diario quiso hacer declaraciones al respecto.

Los abogados, sin embargo, sí tienen una opinión formada. «Los que venden cedés o deuvedés copiados suelen encontrarse en estado de extrema necesidad, que se encuentra recogido en el Artículo 20, y que se considera eximente completo», explica Alfredo Daroca. «Estoy en total desacuerdo con que se condene a la cárcel a estos vendedores», incide el letrado logroñés.

El también abogado Sabiti Ramazani, experto en casos de inmigración, se ha encontrado diversos casos. «Tengo un despacho abierto en Barcelona y allí se absuelve a los 'manteros' porque no son los autores ni intelectuales ni materiales, porque ellos no tienen capacidad de grabar, sino la última pieza de un gran engranaje. Lo hacen para comer», asegura.

«Hay mafias, o 'listillos' que se aprovechan de su miseria. En muchas ocasiones los vendedores no saben ni que es delito y lo hacen para poder pagarse un bocadillo, no se enriquecen. Su motivación es la de evitar caer en la delincuencia, la de trabajar, la de vender», añade Sabiti.

Hasta la llegada de un cambio en la legislación, todo queda en las manos de la interpretación de los jueces. Por ahora, las entidades de defensa de la propiedad intelectual (AGEDI, ADIVAN, SGAE y ADESE) continúan denunciando a los detenidos con copias piratas y solicitando para ellos penas de cárcel.