Consumo penalizará a las empresas que atosiguen por teléfono al usuario

Atosigar por teléfono a un usuario con ofertas para cambiar de operador de telecomunicaciones u ofrecerle servicios bancarios o seguros que no ha solicitado será ilegal. El Gobierno modificará la legislación para poner coto al molesto y creciente 'spam' telefónico y las empresas que persistan en esta práctica podrán ser sancionadas. El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, exigió ayer a las principales compañías que cesen de inmediato estas prácticas comerciales calificadas de «agresivas» y «desleales». Señaló que desde hace dos años, pero sobre todo en las últimas semanas, se ha observado un «aumento abusivo» de estas comunicaciones.

Un día entero en casa suele bastar para comprobar el alcance del fenómeno. Operadores de empresas con las que el usuario no ha tenido trato alguno llaman con insistencia para intentar venderle servicios y prestaciones que nadie ha pedido. Las llamadas suelen repetirse, al teléfono fijo o en menor medida al móvil, a menudo en horas de descanso familiar como la siesta o a primeras horas de la noche, sin que el titular sepa cómo han obtenido su número ni cómo hacer para que le dejen en paz. La mayoría de las veces el número de quien llama permanece oculto como número privado, lo que dificulta la posibilidad de discriminar la llamada o no descolgar.

Los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Justicia, de Economía y el de Industria trabajan en un proyecto de ley para trasponer la directiva europea que considera abusivas y «desleales» estas prácticas y declararlas ilegales. Las modificaciones podrían entrar en vigor el próximo otoño. Si las empresas persisten, el departamento que dirige Bernat Soria instaría medidas judiciales contra ellas. El Ministerio promoverá además la creación de códigos de conducta en las empresas para evitar estas prácticas comerciales.

Sanidad y Consumo prevé llevar próximamente al Consejo de Ministros el anteproyecto del texto normativo, no sólo para proteger los derechos de los consumidores sino también los de las empresas que compiten de forma legítima en el mercado y que, de forma indirecta, se ven perjudicadas.

Comunicación disuasoria

Hasta ahora este tipo de comunicaciones indeseadas no estaban reguladas de forma específica, a diferencia del 'spam' electrónico, que está prohibido y es perseguible. La aplicación de la normativa comunitaria permitirá «atacar con más eficacia el 'spam' telefónico», subrayó ayer Soria.

Realizar propuestas no solicitadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, se considerará una práctica comercial «desleal y agresiva», salvo en los casos en que se trate de hacer cumplir al usuario una obligación asumida por contrato. El Gobierno indicó que, además de los derechos de los consumidores, se preservarán los de las empresas que compiten de forma legítima en el mercado y que, de forma indirecta, se ven también perjudicadas por las prácticas desleales.

Antes incluso de trasponer la directiva de la UE, el Ministerio de Sanidad y Consumo enviará una comunicación «disuasoria» a las principales operadoras de telefonía para informarles de que el 'spam' telefónico vulnera los derechos de los consumidores y que dicha práctica se considerará publicidad agresiva e infracción grave o muy grave en la nueva normativa cuando exista reincidencia. Una vez en vigor la nueva normativa, el Instituto Nacional de Consumo emprenderá acciones legales contra las empresas que haga caso omiso y sigan molestando a los usuarios.

Al amparo de la iniciativa, las asociaciones de consumidores y usuarios también podrán acudir a los tribunales contra estas llamadas insistentes cas comerciales desleales. Sanidad promoverá, en el marco de estas actuaciones, la participación de las organizaciones empresariales, profesionales y de consumidores en la elaboración de códigos de conducta que ayuden a controlar las prácticas publicitarias irregulares de las empresas y a elevar el nivel de protección de los consumidores.

Los códigos de conducta deberán respetar la normativa de defensa de la competencia y se les dará la publicidad necesaria para que las empresas los conozcan.