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Las puertas giratorias nunca se paran
Economia

Las puertas giratorias nunca se paran

El salto del sector público al privado es habitual entre los altos cargos y los políticosLos fichajes más polémicos son los que han provocado el endurecimiento de las normas de incompatibilidad

AMPARO ESTRADA

Domingo, 17 de noviembre 2013, 00:38

El enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y la gran banca por la elección de José María Roldán como próximo presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) ha vuelto a poner en evidencia la situación de puertas giratorias que se repite entre los altos cargos de la Administración y sectores como el bancario o el eléctrico.

En la patronal bancaria, los actuales cargos proceden del Banco de España, como lo hará Roldán si finalmente asume la presidencia en abril. Miguel Martín, actual presidente de la AEB, fue subgobernador entre 1992 y el 2000 y llegó a la patronal bancaria en el 2006, tras varios años en el departamento de auditoría interna del supervisor sin ocupar puestos de relevancia. Al secretario de la AEB, Pedro Pablo Villasante, le sucedió lo mismo que a José María Roldán. Desempeñó el cargo de director general de Supervisión del Banco de España desde el 2000 hasta el 2006, año en el que fue nombrado secretario de la patronal tras los seis meses preceptivos desde el cese.

Pérez, el detonante

Sin embargo, el caso que levantó auténticas chispas fue el de José Pérez, director general de Inspección del Banco de España desde 1992 hasta 1995, en que fichó por el BBV. Este movimiento tan polémico llevó al instituto emisor a establecer un periodo de seis meses desde el cese, sin poder incorporarse a una entidad financiera. El resto de los bancos, entre ellos el Santander, protestó porque el responsable de la inspección del Banco de España, con información privilegiada de todos ellos, se fuese a un competidor y consideraban que seis meses no era un periodo suficiente. Otro caso es el de José Antonio Alepuz, secretario general del Banco de España desde el 2002 hasta el 2011. Ese año fichó por La Caixa para ocupar un cargo en Caixaholding, que agrupa las participaciones industriales de la entidad, tras la cuarentena obligada de seis meses.

La puerta giratoria se da en todos los sectores. Atendiendo sólo a las asociaciones o lobbys empresariales, encontramos que la actual presidenta de Unespa, la patronal del seguro, fue anteriormente directora general de seguros; o que David Taguas, director de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo después en Seopan, la patronal de las grandes constructoras. Como contraste, su antecesor y exministro de Industria, Miguel Sebastián, volvió a su plaza de profesor universitario.

El actual ministro de Economía, Luis de Guindos, o la presidenta de la Sareb, Belén Romana, también han ido del sector público al privado y han vuelto al público. Que un director general, un secretario de Estado o un ministro pase al sector privado sobre el que ha actuado no está prohibido legalmente siempre que se respete el periodo de incompatibilidad regulado. Un plazo que es de dos años desde el cese para los altos cargos de la Administración del Estado (de directores generales en adelante) durante los cuales no pueden desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. Este periodo es de sólo seis meses para los directores generales del Banco de España, el puesto que ocupaba Roldán hasta septiembre.

La banca recalca que no hay incompatibilidad alguna en que Roldán ocupe la presidencia en abril porque el Estatuto de Autonomía del Banco de España sólo habla de trabajar en entidades de crédito, mercados de valores o instituciones financieras privadas, pero no de asociaciones empresariales y, en todo caso, ya habrán transcurrido seis meses desde el cese si finalmente asume la presidencia en abril.

Hay situaciones donde la actuación de los cargos públicos que pasan al sector privado llega a los tribunales. Es el caso de Juan José Güemes y Manuel Lamela, ambos exconsejeros de Sanidad en el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, que han sido imputados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación en el proceso de privatización de la sanidad madrileña.

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