Sanidad implanta el baremo único para dependencia y discapacidad

Los colectivos de discapacitados vieron ayer que los políticos, al final, les han escuchado en una de sus reclamaciones. El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para modificar el procedimiento utilizado por las diferentes comunidades autónomas para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad. Este cambio consiste en establecer un único baremo para determinar cuándo es necesaria la asistencia de una tercera persona, tanto en las situaciones de discapacidad como en las de dependencia.

Con este cambio, que supone la modificación del Real Decreto 1971/1999, para adaptarlo al Real Decreto 174/2011, que se dictó en desarrollo de la ley de dependencia, se suprime la obligación de señalar el tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial en el certificado del grado de discapacidad. Se protege, de este modo, la privacidad de la persona con discapacidad. Asimismo, la información sobre el grado de discapacidad solo se entregará a instancias de la propia persona interesada o de su tutor o representante legal, en su caso.

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, esta reforma permite a España dar «un paso más en la participación en la sociedad de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos». La norma, además, se adapta a lo señalado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que define la discapacidad como un concepto que evoluciona y establece que los Estados tienen el deber de proteger la privacidad de la información sobre la salud de estas personas. Esta modificación está dentro de los planes del departamento que dirige Ana Mato para agilizar y equiparar los servicios que ofrecen las diferentes comunidades en materia de dependencia.