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R. C.
Miércoles, 14 de marzo 2012, 01:21
La tramitación de una ley de transparencia de las administraciones públicas tendrá que seguir esperando. El PSOE fracasó ayer en su intento de que el Congreso tomara en consideración el texto de la iniciativa redactada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero casi al final de la legislatura. El PP, que llevaba en su programa electoral una propuesta semejante, recordó que el Ejecutivo se ha comprometido a enviarla en breve a la Cámara baja y frenó en seco el posible debate.
La sesión parlamentaria sirvió, en todo caso, para constatar que pese a que todas las fuerzas parlamentarias se manifiestan públicamente a favor de una norma que facilite el acceso de los ciudadanos a la información, les permita saber qué se hace con su dinero y promueva un comportamiento más eficaz de las administraciones públicas, existen discrepancias sobre su alcance y sobre sus límites.
Tanto PNV como CiU se mostraron contrarios a la proposición socialista porque, a su juicio, invadía las competencias de las comunidades autónomas y, en el caso de los nacionalistas vascos, porque «sobredimensiona el espectro de las administraciones públicas» al incluir entre los sujetos sometidos al 'striptease' público a un determinado tipo de empresas.
UPyD y ERC, partidarias de tramitar la norma, consideran en cambio que la propuesta de los socialistas se queda corta. Los primeros porque deja al margen, por ejemplo, a partidos políticos, sindicatos y asociaciones patronales. Los segundos porque no incluye a la Casa del Rey ni a la Familia Real en su conjunto. «Ustedes hacen trampa -alegó el republicano Joan Tardà-; ni siquiera la Casa Real, tal y como se está comprobando con el caso del 'yernísimo', está exenta de la sombra de la duda de la corrupción». Todo queda ahora a la espera de lo que plantee el Gobierno de Rajoy.
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