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El desempleo de larga duración tiene una especial incidencia en el colectivo de los mayores de 25 años, que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral en las actuales circunstancias. :: JUSTO RODRÍGUEZ
Casi tres de cada diez parados riojanos llevan más de un año a la espera de trabajo
La rioja

Casi tres de cada diez parados riojanos llevan más de un año a la espera de trabajo

Los sindicatos exigen actuaciones concretas para desempleados de larga duración a la vez que se estanca el gasto en prestaciones

TERI SÁENZ easenz@diariolarioja.com

Martes, 24 de enero 2012, 19:13

Hay algo más trágico y desesperante que encontrarse en la calle sin trabajar: ver cómo pasan los meses y las oportunidades de encontrar un empleo siguen sin aparecer. El colectivo de parados de larga duración, que oficialmente abarca a quienes llevan más de un año en busca de un puesto, se extiende ya en La Rioja a más del 29% del total. El dato ensombrece el ya de por sí escasamente alentador escenario del mercado laboral en La Rioja, que según los datos aportados por el Ministerio cerró el año pasado encabezando a nivel nacional el aumento del paro (13,2% frente al 7,86% del conjunto del país) con 2.975 personas en la calle y un número total de desempleados que alcanza los 25.381. De todos ellos, 7.388 se encuentran en la misma situación durante más de doce meses. Una coyuntura que afecta por consiguiente a prácticamente tres de cada diez desempleados riojanos, con una especial incidencia en el caso de los mayores de 25 años. El 31% de este grupo lleva padeciendo con tal continuidad las restricciones del entorno laboral, mientras que en el colectivo de menores de 25 años el efecto alcanza a más del 8%.

El dato se cruza con otra estadística que llama a la reflexión: el gasto de prestaciones por desempleo empieza a contraerse. De los prácticamente 12 millones destinados a este fin a finales del 2008, se pasó un ejercicio después a 16,5. La cantidad se limitó a 15,2 millones en el 2010, muy cerca de los 15,5 que se destinaron el año pasado.

La coyuntura no es ajena para los principales sindicatos. En esa fotografía fija que proporcionan los datos oficiales, UGT aporta un ángulo más: el número total de beneficiarios de prestaciones por desempleo rondaba a finales del 2011 los 14.853 (15.002 en el mismo periodo del 2010 y 15.403 un año atrás). Para el secretario general ugetista, la diferencia entre esta cantidad y el número total de desempleados descubre un amplio colectivo cuya situación es más extrema todavía que la de los parados de larga duración. «Existe un limbo de en torno a 11.000 desocupados que no perciben nada», indica su secretario general, Javier Granda, matizando cómo en ese grupo conviven tanto nuevos demandantes de empleo como aquellos que no cumplen los requisitos para recibir ayudas y los que han agotado las prestaciones.

La fórmula para contrarrestar todo ello pasa, según UGT, por una atención específica hacia quienes llevan más tiempo en busca de empleo y que coincide mayoritariamente con edades avanzadas. ¿Cómo? Por distintas vías. «Es clave, por una parte, una formación específica y, por otra, alentar bonificaciones fiscales para las empresas que contraten estos perfiles», propone Granda sin olvidar el refuerzo de la red protección social más necesaria si cabe en este segmento. Granda alerta aquí del endurecimiento por parte de Servicios Sociales de los requisitos de acceso al Ingreso Mínimo de Inserción.

Es ahí, en las garantías de cobertura de quienes con más crudeza sufren la crisis, donde enfatiza el secretario general de CCOO, Koldo González, en su análisis. «Es obligado que el Gobierno regional adopte medidas en esta dirección y, por ejemplo, no haya que esperar más de un año para solicitar las ayudas públicas de inserción una vez agotada la prestación por desempleo y los 400 euros que luego contempla durante seis meses el Plan Prepara», apunta advirtiendo de cómo el colectivo situado en el último escalafón del paro prolongado queda al borde del umbral de la pobreza. También USO alerta del riesgo de caer en la exclusión social por parte de estos parados. «Su atención debe ser prioritaria, con hincapié en su reciclaje y acciones conjuntas para recuperar la confianza de la economía que frene este drama», concluye Javier Martínez.

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