Los 130 riojanos afectados por la huelga de controladores siguen sin cobrar un año después

Se ha cumplido un año del caos aéreo que dejó a miles de pasajeros atrapados en los aeropuertos españoles en pleno arranque del puente de la Constitución. Entre ellos se encontraban 130 riojanos que vivieron en primera persona la huelga de los controladores. Un parón que acabó en estado de alarma, el primero decretado en la historia de la democracia de este país. A doce meses vista, los afectados siguen sin cobrar ni un euro del dinero que reclaman por las pérdidas que ocasionó aquella huelga no anunciada y que comenzó el 3 de diciembre de 2010 con un acuerdo. El Consejo de Ministros ratificaba un real decreto que fijaba en 1.670 el máximo de horas que podían hacer los controladores aéreos. A partir de ese anuncio, los aeropuertos fueron cerrando, como piezas de dominó, por la espantada de los controladores que aducían estrés para abandonar sus puestos de trabajo. A las 17 horas AENA cerraba el espacio aéreo.

Casi 24 horas de angustia y de espera para decenas de miles de pasajeros anclados sin respuesta a los mostradores de información de los aeropuertos españoles, hasta que el 4 de diciembre, tras la militarización de las torres de control y la declaración del estado de alarma, los controladores, bajo la amenaza de ser llevados inmediatamente ante un juez, comenzaron a reincorporarse a sus puestos de trabajo. A las 15.30 horas AENA informaba de la reapertura del espacio aéreo español. Treinta minutos después un avión carguero de la compañía DCS con destino a Barcelona fue el primer avión que despegó de Barajas. Tuvieron que pasar 72 horas para que se normalizase el tráfico aéreo.

La misma frustración que sufrieron durante una larga y tensa espera en los aeropuertos llevó a los pasajeros afectados a presentar una demanda colectiva para dirimir responsabilidades y para que las millonarias pérdidas que había provocado el 'plante' de los controladores no cayeran en saco roto. Unas demandas presentadas a través del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, que ha planteado en paralelo una reclamación por la vía administrativa ante AENA para exigir daños y perjuicios para los más de 13.000 afectados en toda España - incluidos los 130 riojanos que se quedaron en tierra- y una demanda por la vía penal.

Respecto a la primera, según explica Juan Ortiz Úrculo, letrado y socio fundador del citado bufete, es AENA quien en este momento tiene el balón sobre su tejado. En un plazo de seis meses debe responder a la reclamación de 10.000 euros para cada uno de los 'plantados', que es en lo que se ha valorado el daño moral, más las pérdidas individuales de estancias, viajes y hoteles, entre otras. Si Aeropuertos Españoles contesta negativamente, la reclamación pasará entonces a la vía contencioso-administrativa, el mismo camino que tomarán en el caso de que la respuesta sea el silencio.

En abril de este año el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid admitía a trámite la demanda por la vía penal y la juez María del Sagrario Herrero asumía la investigación de miles de procedimientos, aunque no todos, porque también se presentaron en los juzgados de Mallorca y Canarias. Ahora Cremades & Calvo Sotelo pretende unificar todos los procesos en Madrid porque ahí fue donde «se produjo el concierto de los controladores para levantarse todos a la vez en toda España de su trabajo». Además, Ortiz Úrculo entiende que en ese «concierto» radica la gravedad del asunto, a lo que hay que sumar que la capital es el centro de control más importante de todo el país. Por lo tanto, «lo lógico sería unificarlos en un solo juzgado para que la demanda fuera más operativa y para que no hubiera contradicciones», apunta.