El Gobierno ajusta su estructura laboral y prescinde de un centenar de interinos

Las medidas de contención de gasto y racionalización de los recursos disponibles han llegado al personal eventual de la administración regional. Según ha podido conocer Diario LA RIOJA, al menos un centenar de trabajadores interinos que desempeñaban sus funciones en los diversos departamentos del aparato administrativo regional han recibido ya -algunos lo hicieron ayer y otros lo harán a lo largo de los próximos días- una comunicación en la que se les informa de que dejarán de desempeñar sus funciones, como muy tarde, el próximo 1 de agosto. De hecho, la semana pasada fueron varios los interinos que abandonaron ya el que había sido su puesto de trabajo durante los últimos años.

Se trata de trabajadores que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia fueron nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera y que acceden a esos puestos bien por la existencia de plazas vacantes imposibles de cubrir con aquellos, en casos de sustitución transitoria, para desarrollar programas de carácter temporal o en situaciones de exceso o acumulación de tareas.

Detrás de este ajuste de personal laboral está la adecuación de la estructura de los trabajadores de la administración regional al nuevo entramado de consejerías -que han pasado de 10 a 7-, lo que ha supuesto la reducción de altos cargos, de personal de confianza además de la eliminación o fusión de diferentes jefaturas de servicio. Sin aportar cifras concretas, la propia consejera de Administración Pública, Concepción Arruga, confirmó a este diario la «reestructuración» del área que dirige apuntando que se trata de un ejemplo de «responsabilidad» en tiempos de crisis.

Los responsables de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT La Rioja recibieron el pasado viernes esa nueva estructura organizativa y, después de su estudio, «consejería por consejería», consideran que «al menos el 20 por ciento de los interinos que trabajan en la Comunidad Autónoma perderán su puesto de empleo antes del próximo 1 de agosto y pasarán a engrosar las listas del paro».

Esa es la conclusión que defiende Miguel Ángel Gurrea, secretario del sector administración autonómica de FSP, quien, a su vez, hace distingos entre los afectados por ese ajuste. «De la administración pública se irán al menos unas 100 personas», defiende antes de diferenciar entre los puestos de estructura que se eliminan «en los que, por ejemplo, una persona que estaba como jefe de un servicio que ahora se suprime y que, por lo tanto, regresa a su antiguo puesto cubierto por un interino al que ahora desplaza», y otros en los que se eliminan «plazas vacantes».

En este sentido, en la mañana de ayer varios trabajadores interinos fueron informados telefónicamente -paso previo a una comunicación formal por escrito- de que sus puestos han sido eliminados: «Son vacantes que están suprimiendo sin que nadie esté desplazando a ese trabajador interino», dijo Gurrea, que también lamenta la elevada temporalidad presente en la administración y que, un estudio de su federación, «situó hace años en el 17 por ciento».

UGT completa el escenario de la situación actual del empleo en la administración pública con «la baja tasa de reposición. Se está produciendo un adelgazamiento de su estructura y según nuestras estimaciones en las administraciones públicas se han perdido en los últimos años unos 1.000 trabajos con lo que en lugar de fomentar el empleo, lo que están haciendo es aumentar el desempleo», apuntó Gurrea.

Detrás de la decisión del Ejecutivo regional está su apuesta por la austeridad en tiempos de una crisis que exige una reestructuración de la administración para, «hacer más con menos», según anunció el propio presidente durante su investidura. «Nos parece una manera peregrina de contener el gasto», completó Gurrea. «Este personal que ahora es despedido irá al paro, que aumentará, y alguien tendrá que sufragar sus prestaciones por desempleo, por lo que no existirá contención de gasto alguna».