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C.N.
Domingo, 12 de junio 2011, 11:58
El Juzgado de lo Penal número dos de Logroño ha condenado a dos años de prisión al exsecretario de la localidad de San Asensio por los delitos de falsificación de documento mercantil en concurso con intento de malversación de caudales.
De acuerdo con la sentencia a la que ha tenido acceso este diario y que también acuerda la inhabilitación absoluta de E.A.J. durante tres años, el acusado, en su condición de secretario del Ayuntamiento de San Asensio, el 26 de junio del 2003 manifestó al entonces alcalde que debía realizar un pago urgente a la Agencia Tributaria puesto que el plazo concluía el 30 de ese mismo mes.
Ante el requerimiento del secretario, el primer edil firmó un talón por importe de 49.014,18 euros, a cargo de una cuenta de la que era titular el Ayuntamiento, añade el fallo judicial.
Con el talón en su poder y «con ánimo de enriquecimiento ilícito», prosigue la sentencia, el procesado lo manipuló y puso el nombre de esposa en el lugar del beneficiario. Acto seguido, E.A.J. se presentó con el cheque para cobrarlo en la sucursal de Haro de la Caja Rural de Aragón, donde tenía cuenta con su mujer.
El citado talón levantó las sospechas de los empleados de la entidad bancaria que recelaban del cheque. De inmediato se pusieron en contacto con el alcalde de San Asensio quien, a la vista de lo que pretendía el acusado, paralizó el pago.
Conformidad
En sus conclusiones provisionales, el Ministerio fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de falsificación de documento oficial y mercantil en concurso ideal con un delito de malversación de caudales públicos en grado de tentativa. De ellos considera responsable en concepto de autor al acusado sin apreciar la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Por todo ello solicita que a E.A.J. se le imponga la pena de dos años de prisión, multa de seis meses con una cuota de tres euros, es decir de 540 euros, e inhabilitación absoluta durante tres años.
Por su parte, la acusación particular se adhirió a la calificación de la acusación pública y la defensa presentó un escrito mostrando su conformidad con la calificación efectuada. No obstante, el Juzgado constató un error y la Fiscalía tuvo que retirar las peticiones de multa para el procesado.
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