El Ayuntamiento informa al juez del 'Gürtel' de que no hay contratos con empresas de la trama

«Revisada la contabilidad municipal desde el 1 de enero del 2000 hasta el 29 de diciembre del 2010, no existe ningún registro contable a favor de las empresas relacionadas con anterioridad». El Ayuntamiento de Logroño respondía ayer al requerimiento de documentación solicitada por el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso 'Gürtel', sobre la posible existencia de contratos entre la Administración local y hasta 19 empresas relacionadas con la trama de corrupción vinculada al PP.

Según informó a Diario LA RIOJA el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Vicente Urquía, la petición, contenida en un auto dictado por parte de Pedreira el pasado 27 de diciembre, a la vez que a los ayuntamientos de Zaragoza y Ador (Valencia), era recibida en las dependencias consistoriales dos días después, el 29 de diciembre, 'vía Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal' de la Comisaría General de Policía Judicial.

En la misma, según puede verse en los documentos de abajo, la Brigada de Blanqueo de Capitales hacía llegar al Ayuntamiento de Logroño el requerimiento de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que el magistrado instructor solicitaba a la mayor brevedad que se le facilitasen posibles «expedientes completos de cualquier tipo de subvenciones, fondos, créditos de cualquier tipo o ayudas aprobadas en referencias a las mercantiles Ros Roca S.A. y Enercorr XXI» en relación con hasta 17 sociedades, además de las dos citadas.

Entre las empresas figuran las ya conocidas Easy Concept Comunicación S.L., Special Events S.L., Orange Market S.L. o Fuentelavanda y Serrano Global Consulting S.L., estas dos últimas propiedad del ex diputado del PP en el Congreso por Segovia Jesús Merino.

Según ha trascendido en los últimos días, el juez decidía iniciar estas pesquisas tras conocer un informe reciente de la Policía, basado en documentos incautados a la red 'Gürtel', que supuestamente probarían cómo Francisco Correa, el principal imputado en el citado caso, se asociaba en el 2001 con el Grupo Ros Roca para ayudarle en la ampliación del negocio ofreciéndole, según la investigación, su mediación para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos a cambio de una participación en el mismo y sustanciosas comisiones para sus contactos políticos.