Haya orden en la ciudad

Tal y como estaba previsto, sin ninguna sorpresa que alterara lo acordado previamente por los grupos políticos municipales, ayer quedó aprobada en fase inicial la Ordenanza de Fomento de la Convivencia Ciudadana, más conocida como ordenanza cívica. Una unanimidad atípica la vista ayer en el salón de plenos para aprobar un texto que las tres fuerzas políticas consideraron relevante para que las conductas ciudadanas se ajusten al sentido común, que, como dijo la concejala de Medio Ambiente, Concha Arribas, «a veces es el más raro de los sentidos».

La votación de la ordenanza estuvo precedida antes por la intervención de dos portavoces ciudadanos, secundados desde los bancos del público por sus respectivos correligionarios. El primero en dirigirse a sus señorías concejales fue Francisco Arriscado, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, quien admitió que el consenso que ha cosechado el texto entre los grupos políticos «ya es suficiente garantía». En líneas generales, el representante vecinal aplaudió la iniciativa, aunque señaló que «a veces prohibir tiene el efecto contrario a lo que se pretende», una matización a la que agregó otra no menos importante: «A la hora de aplicarla (la ordenanza) será complicado».

Críticas de Sodepaz

Más crítica se mostró la representante de Sodepaz, Susana Saez, quien dijo intervenir en nombre de una treintena de colectivos urbanos para mostrar su rechazo frontal a una normativa de estas características. «Entorpece derechos fundamentales como el de expresión y manifestación; criminaliza la pobreza y reduce a los ciudadanos a simples autómatas», sentenció la mujer antes de que la concejala Arribas tomara la palabra para explicar los pormenores que han llevado al Ayuntamiento a dotarse de una herramienta legal de estas características.

Justificó la edil los dos años que se llevan trabajando en el documento en «los trabajos de campo» que ha sido necesario realizar y también en la participación que se ha dado a diferentes asociaciones y colectivos de Logroño antes de adoptar un texto definitivo. En lo que va de año, detalló, tanto los educadores medioambientales como la Policía Local han abierto 583 expedientes por conductas inapropiadas de ciudadanos. «Hay una minoría que acomete una serie de acciones, quizás por desconocimiento, pero que alteran la convivencia ciudadana», apuntó antes de insistir en la necesidad de una reglamentación que «marque unas pautas de comportamiento cívico». Además, se refirió a la ordenanza como un texto simple, «nada que ver con el de Bilbao o Granada», que no pretende la sanción sino que los ciudadanos asuman su responsabilidad.

Ruiz Tutor tomó la palabra por parte del Grupo Municipal del PP para exponer que, si bien su grupo no habría elaborado la ordenanza, finalmente consideraron «conveniente un espíritu constructivo» y se mostró satisfecho con la acogida a sus alegaciones. Explicó que la aportación del PP que se ha introducido «evitará muchos problemas», ya que en caso de conflicto con otras conductas tipificadas en otras ordenanzas prevalecerá la de ámbito más específico, por ejemplo, la de limpieza o de ruido.

Si quiera por una vez, la convivencia prevaleció en el salón de plenos, incluso por parte de los adjudicatarios del parking de Jorge Vigón y varios vecinos del Casco Antiguo que acudieron a quejarse al Pleno con pancartas pero sin armar ningún revuelo.