Los tribunales decidirán quién debe costear el derribo del 25 de Gran Vía

Batalla judicial a la vista. Apenas 24 horas después de que haya trascendido que el sumario determinaba que la causa de la explosión que costó la vida a cuatro personas fue el gas butano, decretando su sobreseimiento penal, el Ayuntamiento de Logroño y los propietarios del 25 de Gran Vía tomarán las medidas judiciales oportunas contra las compañías aseguradoras para que se hagan cargo de los 600.000 euros del derribo del inmueble tras el siniestro del pasado 22 de mayo.

Así lo adelantaba ayer el portavoz municipal Vicente Urquía, quien en una decisión consensuada tanto con los propios afectados como con los partidos de Gobierno y oposición, comunicaba oficialmente que la Administración local se personará junto a los inquilinos del edificio, actualmente reducido a solar, para exigir que sean las distintas compañías de seguros las que asuman el 100% del coste de la obligada demolición.

Cinco meses después de la tragedia que costaba la vida a la familia Videla Saa, la negativa de las aseguradoras de abonar la factura de los trabajos de derribo, asumiendo únicamente los 140.000 euros correspondientes a las labores de desescombro, ha imposibilitado cerrar la «liquidación» de la operación de desmontaje, paralela a la búsqueda de pistas que arrojasen luz en torno al dramático suceso.

El 'no' de los seguros no sólo pone en una «difícil situación» al Ayuntamiento, sino sobre todo «a quienes, tras haberlo perdido todo, deberían hacer frente a tan importante coste». En este sentido, el portavoz municipal precisó que la voluntad de la Corporación logroñesa es y ha sido en todo momento «ver cómo se pueden encontrar fórmulas para ayudarles».

El objetivo es lograr que mientras la Justicia decide, «se puedan aplazar los pagos». Antes de lanzarse a tal búsqueda, Urquía reconoce que se ha intentado que los Ministerios de Justicia y de Interior asumieran parte del mismo al marcar los plazos de la investigación, «pero no había ni vías ni precedentes».