El Parlamento destina 86.000 euros al año a gastos médicos de funcionarios y diputados

La Mesa del Parlamento de La Rioja ha actualizado el presente ejercicio el acuerdo anual sobre prestaciones sociales complementarias que contempla dos grupos de beneficiarios: la plantilla de la Cámara y los diputados regionales que la conforman.

Como especifica el documento basado en lo dispuesto en el Estatuto de Personal al servicio de la Cámara de 11 de marzo de 1998 y extensible a los parlamentarios y a las personas a su cargo dentro de la unidad familiar, la cobertura corre a cargo de la cuentas del Parlamento regional e incluye un amplio abanico de prestaciones. Contempla, entre otros, los gastos ocasionados por la colocación de prótesis dentales u otros tratamientos odontológicos. El importe se sufragará al completo si no excede de 86 euros, y en un 50% el resto del exceso de la mencionada cantidad. En el caso de los tratamientos ortodóncicos se cubrirá sólo la mitad en todos los supuestos.

Un mecanismo similar se sigue para la compra de gafas graduadas y lentes de contacto por los inquilinos del hemiciclo. El acuerdo recoge aquí para monturas una ayuda de hasta 96 euros, la misma cantidad que para dos cristales correctores. La cantidad asciende a 119 euros para una lente de contacto y llega hasta 237 si se trata de cristales correctores y montura o un par de lentes de contacto.

En el caso de los desembolsos derivados por audífonos o material ortopédico no cubierto por la Seguridad Social, lo estipulado es cubrir el 50% de su valor. La Cámara asume también hasta la mitad del coste por tratamientos o especialidades médicas no incluidas en el servicio sanitario púbico que sean necesarios para la salud del beneficiario y así se prescriban por un facultativo de la Seguridad Social.

Al cuadro de ayudas contempladas por el Parlamento regional para los suyos se añade una batería de subvenciones para minusválidos. Este apartado contribuye a la cobertura de gastos de rehabilitación, tratamientos y adquisición de aparatos o medios técnicos y personales destinados a paliar las disfunciones y fomentar la autonomía personal «en la cuantía en que no estén cubiertos por el sistema de Seguridad Social que disfrute el beneficiario», matiza el acuerdo de la Mesa. Las ayudas aquí se articulan en una horquilla de porcentajes sobre máximos y mínimos que oscilan entre el 50% para gastos de hasta 20.120 euros y un 25% si el desembolso supera los 36.218.

El presupuesto para acción social se completa con sendas pólizas de seguro y accidentes para los funcionarios suscritas por la Cámara como tomador y cuyo importe asciende a 60.101 euros.

Más dinero del reservado

Los presupuestos anuales del Parlamento diferencian dos partidas para hacer frente a estas coberturas. Una se centra tanto en los funcionarios (33 personas) como en el personal eventual (5) y asciende a 50.000 euros cubriendo aquí también ayudas al estudio. La otra tiene como destinatarios exclusivamente a los diputados regionales (33) y reserva 36.000 euros. Ambas se han congelado durante los tres últimos ejercicios sin aplicarles siquiera el IPC anual pero, no obstante, el dinero recogido para eventualidades de carácter social ha sido utilizado de forma desigual. Mientras los parlamentarios han consumido 20.000 euros del montante disponible (el 44%), el personal del Parlamento ha requerido 64.110 euros, superando así en casi el 30% la cantidad prevista.

Amparándose en la confidencialidad de la información, los tres grupos declinaron especificar quiénes de sus integrantes han optado a estas prebendas, en qué cuantía o con qué destino. Como valoración general, el PP recuerda que ésta es una cuestión devenida de la época de la Diputación Provincial que cada diputado usa, o no, de forma personal teniendo en cuenta que la mayoría no tiene dedicación exclusiva. En el PSOE, Francisco Martínez Aldama apunta también que «son derechos heredados que nos vienen dados, pero si se decide quitarlos no nos opondremos». El regionalista Miguel González de Legarra, que reconoce haber recurrido a esta opción, subraya su rango histórico y cree que «si la disfruta el personal, también es lógico que abarque a los diputados».