¿Fue la bronca vivida el jueves en el Parlamento riojano espontánea?

¿Y si la bronca vivida el jueves en el Parlamento no fue espontánea? ¿Y si hubo intencionalidad en la decisión de expulsar a la diputada Inmaculada Ortega? ¿Y si la suspensión del pleno estaba escrita antes de iniciarse?

El escenario que plantean todas esas preguntas es el que esbozó ayer el secretario general del PSOE, Francisco Martínez Aldama, que un día después del mayor seísmo registrado en la Cámara riojana reiteró la acusación de «partidista» a José Ignacio Ceniceros y censuró las «gravísimas acusaciones» de Emilio del Río contra el fiscal superior. «Ha perdido su figura neutral y su actuación fue la de alguien sin tablas», opinó del presidente del Parlamento; «llamando 'amigo de los socialistas' a Calparsoro se le está apuntando casi como prevaricador», dijo del consejero de Presidencia.

En este contexto y descartado por parte del PSOE reprobar oficialmente a los aludidos, lo del jueves constituyó, según Aldama, un «intento premeditado» de levantar una fuerte polvareda con una doble intención: solapar cuestiones como la privatización de la lavandería del San Pedro que debía haberse debatido en la sesión y «ocultar los escándalos que salpican al Gobierno de La Rioja», con la vicepresidenta Aránzazu Vallejo y su familia como diana de las críticas más recientes. «Es una táctica que vemos a diario: se descubre algo irregular y el problema es de los jueces o de la policía, nunca del PP. Aquí sucede lo mismo y se echa la culpa al primo del alcalde de Logroño». El líder socialista se refirió así a la respuesta dada por el presidente riojano en el pleno sobre el intento de fraude de 480.000 kilos de uva y el titular del 'papel'. «La corrupción rodea a Sanz, pero sigue sin actuar ni dar explicaciones concretas», afirmó para remachar: «Será que quien calla otorga».

Un mes de suspensión

Las réplicas al terremoto llegaron también desde las sedes del PP y del PR y, aunque habían pasado 24 horas, la intensidad no decayó. «Hay que ser muy sinvergüenza y muy cobarde para intentar culpar a otros de la despreciable actitud de esta diputada socialista a la que todo el mundo conoce por sus malas formas», afirmó el 'número 2' de los populares, Carlos Cuevas, que negó tajantemente la tesis del PSOE. «El PP de La Rioja no tienen nada que tapar; todos los presentes en el pleno fueron testigos de la intolerable actitud de Ortega», dijo respaldando sin fisuras a un José Ignacio Ceniceros «que realiza su trabajo en la Cámara de forma excelente atendiendo siempre al Reglamento». «Las conductas del PSOE sí son antidemocráticas y reprobables». Lejos de esta opinión, el regionalista Miguel González de Legarra consideró que Ceniceros erró doblemente. Primero por no haber llamado la atención a Del Río por su «grave acusación» contra Calparsoro, y segundo por no haber hecho efectiva su decisión de expulsar a Ortega recurriendo a la fuerza pública. «Si no lo hizo, que no se le hubiera calentado la boca», remató Legarra.

Todo apunta a que en la próxima reunión de la Mesa del Parlamento se proponga la suspensión de funciones de Ortega durante un mes por su desobediencia en razón del artículo 86 del Reglamento. Mientras eso sucede y todos se enfrentan, el suelo sigue temblando.