El PR responsabiliza a un hermano de Vallejo de vender las uvas fraudulentas

El presidente y el secretario general del Partido Riojano (PR), Miguel González de Legarra y Miguel Gómez Ijalba, aseguraron ayer que fue un hermano de la vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Medio Ambiente, Turismo y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, quien vendió los casi 500.000 kilos de uva -480.000, según concretaron ayer los regionalistas- que, de forma fraudulenta, se habrían intentado amparar supuestamente con los derechos de una finca de 90 hectáreas de Ausejo.

Los regionalistas habían avanzado «noticias» para ayer, después de que a finales de la semana pasada vincularan a la familia directa de la vicepresidenta con el que, insisten en calificar, el «mayor fraude de la historia de la Denominación» y ayer mismo volvieron a anunciar nuevas y futuras 'entregas': «Es algo que tenemos que intentar probar estos días, pero creemos que hay un nexo, la conexión para facilitar la compra, entre una de las bodegas, la que compró la mayor parte de uva fraudulenta que era la primera vez que tenía una relación comercial con el hermano de la vicepresidenta, y la propia Aránzazu Vallejo», dijo González de Legarra.

De momento, lo que sí afirmaron los portavoces del PR es que «el intento de fraude es conocido tanto por la Consejería de Agricultura como por el propio presidente del Consejo Regulador, Víctor Pascual». En este sentido, los regionalistas consideran que, además de sancionar al propietario de la finca sin vendimiar de la que se obtuvieron los derechos para amparar las uvas, «se debería actuar también contra quien los utilizó e investigar si las bodegas participaron en la operación o, simplemente, fueron engañadas».

Los dirigentes del PR no sólo sostuvieron las acusaciones de la semana pasada, sino que aportaron nuevos datos y, en esta ocasión sí aseguraron contar con pruebas de todas sus afirmaciones: «Estaríamos encantados de que el juez, o quien sea competente, nos pidiera la documentación que tenemos, que, por otra parte, es la misma que ya tiene el Consejo Regulador y su presidente, pero creemos que es éste y la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja quienes tienen que investigar y ése es precisamente el objeto de nuestra denuncia pública», señaló Miguel González de Legarra.

El presidente del PR detalló ante los medios la supuesta participación de uno de los hermanos de la vicepresidenta del Gobierno en la operación: «Fue esta persona quien, jactándose además de su parentesco, acompañaba en cada uno de los viajes que durante toda una semana realizaron en camiones contenedores de unos 25.000 kilos para llevar las uvas a las bodegas». «Lo tenemos acreditado -advirtió-, de la misma forma que sabemos que la uva entregada se había recolectado con máquina vendimiadora, motivo por el cual las bodegas tienen perfectamente identificadas estas partidas».

En la misma línea, Miguel Gómez Ijalba apostilló que «el hermano de la vicepresidenta vendía las uvas a las bodegas, había pactado la venta y acompañaba cada uno de los viajes con los camiones». Así las cosas, los dirigentes del PR reclamaron al Consejo Regulador que explique la procedencia «de las uvas fraudulentas»: «Hace falta saber si vienen de los viñedos ilegales que la familia de la vicepresidenta tiene en Alfaro, de excedentes de producción de las viñas también de su propiedad en Aldeanueva o, sencillamente, de fuera de Rioja», indicó Gómez Ijalba. En este sentido, el secretario general del PR pidió que la Consejería de Agricultura explique «por qué esos viñedos ilegales aún no han sido arrancados» y denunció lo que, a su juicio, es «un trato de favor».

Control del viñedo ilegal

Sobre el tema del viñedo ilegal, el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, a preguntas de los periodistas, afirmó ayer que en el registro de viñedo de La Rioja «está todo correcto y tenemos controladas las parcelas que están en situación de ilegalidad». «Lo único que sabemos de este caso es por los medios de comunicación, con lo que así es muy difícil averiguar algo, pero lo que sí puedo decir es que tenemos controladas las parcelas en situación de ilegalidad».