Wert afirma que el recurso del Gobierno no afecta al periodo de matriculación escolar en Cataluña

"El recurso no pretende anular la matriculación que se ha hecho, que es perfectamente válida, ni afectar al proceso de matriculación", ha aseverado el ministro en declaraciones a los medios tras visitar la Competición Nacional de Formación Profesional 'Spainskills', que se celebra en Madrid.

Según Wert, las familias "no tienen por qué pensar que lo que han hecho está puesto en cuestión porque no lo está", ha añadido en respuesta a la consellera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, que ha acusado al ministerio de poner en una situación de inseguridad jurídica a las familias que ya hayan realizado la preinscripción.

El ministro ha asegurado que con este recurso se pretende abrir un periodo "adicional" para que aquellas familias que quieran que sus hijos estudien en castellano como lengua vehicular tengan la "posibilidad material de hacerlo". También ha alertado de que esto no era posible porque el impreso de preinscripción "no contemplaba esa posibilidad" y se "limitaba a preguntar qué lenguas conocía el niño".

Por último, ha indicado, al igual que la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, que la proporción razonable mínima de impartición de castellano se establece en 25 por ciento de las asignaturas, es decir, que se estudie en castellano una materia más a la de Lengua castellana, siguiendo la propia doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Nuevo periodo

La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Generalitat de Cataluña que regula las matrículas del próximo curso escolar. La solicitud, a instancias del ministerio de Educación, pide de forma cautelar abrir un nuevo plazo de preinscripciones que permita a las familias elegir el castellano como lengua vehicular para la enseñanza de sus hijos.

«El formulario de inscripción no contempla una casilla donde las familias puedan elegir el castellano como lengua vehicular», ha asegurado la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, en un comunicado en vídeo. Esto, ha afirmado, «va en contra de la normativa vigente».

El recurso se ha presentado en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo ha admitido a trámite. Ahora la Generalitat tiene un plazo de una semana para presentar sus alegaciones al recurso. «Es un derecho constitucional que las familias pueden elegir el castellano o la lengua cooficial como lengua vehicular», ha afirmado Gomendio.

Desde el Ministerio de Educación reclaman que aquellos alumnos que lo soliciten puedan recibir una educación con al menos un 25% de materias en castellano. «Nos basamos en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», ha recalcado la secretaria de Estado. Esto implicaría, ha asegurado, que además de Lengua Castellana y Literatura que ya es español, al menos otra asignatura troncal o equivalente se imparta en la misma lengua.

«Es competencia de las comunidades autónomas elaborar la programación educativa y, dentro de esta, determinar cuál es la proporción lingüística», ha afirmado Gomendio. «Qué materias se imparten en castellano y cuáles en la lengua cooficial». El conflicto está en qué porcentaje de asignaturas en uno u otro idioma se considera «una proporción razonable».

«La intención del recurso no es la de desplazar al catalán, ni acabar con el sistema de inmersión lingüística en Cataluña», aseguran desde el Ministerio. «Sino que el castellano esté integrado en la oferta educativa de los centros en una proporción razonable». Según Gomendio, la resolución de la Generalitat que puso en marcha el proceso de preinscripción y matrícula en centros escolares públicos y concertados, vulnera el derecho de las familias con el castellano como lengua materna.

El recurso no insta a repetir de nuevo el proceso de matriculación del curso que viene, sino a abrir un nuevo plazo que contemple la opción del castellano como lengua vehicular. Establecer cómo y cuando, apuntan desde el Ministerio, corresponde a la Generalitat.

Los formularios de matriculación escolar en Cataluña ya habían sido fruto de polémicas con anterioridad, pero esta es la primera vez que el Ministerio de Educación actúa contra ellos por la vía judicial.

Como Cataluña nunca ha ofrecido esta opción en las matrículas, no se sabe cuántos alumnos podrían requerir la enseñanza vehicular en castellano. Sí se conoce que, durante el curso pasado, alrededor de 360 familias se acogieron a un mecanismo excepcional previsto en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce) por el que podían reclamar que se les financiase una educación en la escuela privada si ninguna pública o concertada les ofrecía dicha opción.