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Daniel Roldán
Lunes, 11 de julio 2016, 20:24
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha ofrecido un nuevo capítulo polémico. Al menos tres estudios fueron concedidos a Francisco López Valdés, marido de María Seguí, máxima responsable de la DGT, entre 2012 y 2013 sin que mediara ningún concurso. López Valdés es miembro del ... equipo de investigación 13A, una de las partes del Instituto de Investigación en Ingeniería de la Universidad de Aragón especializada en la seguridad de los vehículos a motor. Junto a Juan José Alba elaboraron los informes 'Evaluación en colisiones de dispositivos de seguridad infantil para niños con discapacidad' y 'Estudio naturalístico de las situaciones de desplazamiento fuera de posición de niños con discapacidad', ambos de 2012.
Un año más tarde ambos investigadores, ahora enfrentados, firmaron el 'Estudio piloto de evaluación del comportamiento de dispositivos de seguridad infantil en vehículos reales' junto a otro investigador de la Universidad de Zaragoza, Óscar Juste. Una estrecha relación entre López Valdés y la DGT que fuentes del organismo dependiente del Ministerio del Interior justifican afirmando que la pareja de Seguí "no era el investigador principal". Sin embargo, en toda la documentación y en los resúmenes ejecutivos de Tráfico aparece López Valdés como coautor de los tres estudios.
Las mismas fuentes afirman que el "benefactor" de esos informes no era el marido de Seguí sino "la Universidad de Zaragoza", un centro que lleva colaborando con la DGT antes de la "llegada de la directora". Asimismo, aseveran que la concesión de estos estudios fue legal, están fiscalizados "por los interventores" y que en ningún momento participó Seguí en el comité de selección. No obstante, los tres estudios fueron solicitados antes de que se aplicaran criterios más claros para el desarrollo de proyectos que se iban a realizar dentro del Plan de Investigación 2013-16.
No es la primera vez que el marido de Seguí está envuelto en la polémica. El pasado viernes, el Gobierno destituía a la subdirectora adjunta de conocimiento vial, Marta Carrera, tras supuestas irregularidades en la concesión de los cursos de recuperación del carné por puntos. Esta decisión se tomó tras la investigación interna que se abrió cuando salieron a la luz las conversaciones entre Carrera y el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, gestor y beneficiario de esos cursos desde hace diez años. En las grabaciones, Carrera y Báez supuestamente amañan los pliegos del concurso público que le concedía los cursos de formación para la recuperación de puntos del carné. A la institución de Báez corresponde el 20% de lo que pagan el medio millón de asistentes a los cursos. En esta década, se han generado unos 142 millones, de los que la CNAE ha ingresado 24 brutos. Precisamente la CNAE pagó un viaje a Cancún a López Valdés para presentar un informe.
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