Los sindicatos se proponen pasar a la «ofensiva» para lograr normas europeas

Los sindicalistas españoles asistentes al congreso alcanzaron cierto respiro al escuchar a Caldera. No habían olvidado que el martes el presidente Rodríguez Zapatero en el mismo foro fue ambiguo. Antes de su intervención, el ministro se refirió a los trabajadores de Delphi, protagonistas involuntarios del certamen. Explico que lo importante y prioritario es la recolocación. Mas tarde, si no queda mas remedio, se hablará de prejubilaciones y retiros anticipados.

En cuanto a las declaraciones asumidas en el congreso, la CES apuesta unánimemente por una Carta de Derechos Fundamentales de los Trabajadores de carácter vinculante, en concreto por la recogida en el borrador de tratado constitucional, en la actualidad bloqueado. Los delegados sindicales argumentan que el documento defendido es «la carta mas progresista obtenida por un movimiento sindical en el mundo». «En líneas generales, pone los derechos económicos y sociales al mismo nivel que los derechos humanos generales» y, de forma mas específica, garantiza los derechos a la información y consulta, a la negociación colectiva y a la adopción de acciones colectivas, incluidas la huelgas. Igualmente garantiza protección contra los despidos abusivos, principios equilibrados y el acceso a los servicios públicos.

Manifestación

Y, en línea con la ofensiva planteada, la CES advierte a los gobiernos, a la Comisión y al Parlamento europeo que «no apoyará ningún nuevo tratado» en el que el cumplimiento de los derechos de los trabajadores aparezca sin estatus legal. Como primer paso ya está convocada una gran manifestación en junio, a celebrar en Bruselas días antes de la cumbre que pone fin a la presidencia alemana.

Con independencia de la reivindicación de la Carta de Derechos, la «ofensiva» de la CES pasa por actuaciones en el mercado laboral europeo donde es preciso avanzar hacia el pleno empleo pero con puestos de trabajo de calidad y sin discriminación; luchar contra la huida de empresas a territorios mas baratos y con peores condiciones de trabajo; y fijar unas normas europeas para los ciudadanos en materia de empleo, derechos sindicales y seguridad laboral.