Acoso uniformado

«Lo que consigue es amargarte la vida dándote cada vez peores servicios, humillándote delante de los compañeros, mandándote a trabajar en vacaciones y decenas de cosas más», prosigue la víctima.

La primera denuncia, presentada en el año 2005, llegará a los tribunales el próximo mes de marzo, cuando el Juzgado de lo Social escuchará a ambas partes. Aunque con anterioridad, otros agentes ya han prestado declaración respecto al caso.

Pese al tiempo trascurrido desde los primeros indicios de 'mobbing', que se remontan dos décadas atrás según el policía, ahora ha tomado la decisión de sacar el caso a la luz pública porque «ya no podía aguantar más porque cada vez veía que me hacía más putadas en el trabajo».

Por ejemplo, sólo por antigüedad, según explica, a este agente le correspondería ser jefe de servicio. Sin embargo, nunca se ha llegado a producir ese ascenso sino que el puesto ha recaído en otras personas. Pese a la denuncia, la víctima sigue trabajando en el cuerpo y cumpliendo con los servicios de la Policía Municipal de Arnedo, cuerpo formado por 24 agentes entre los que, según el alcalde, Juan Antonio Abad, «no se han producido más denuncias ni ninguna otra queja».

Pero el de Arnedo no es el primer caso de acoso laboral denunciado en La Rioja entre uniformados. En 2003, un suboficial destinado en Agoncillo demandó a sus superiores por un caso de 'mobbing' ylos tribunales le dieron la razón. Por último, personal de la Guardia Civil afiliado al sindicato AUGC también ha denunciado esta situación.

Defensa legal

En el caso del policía local de Arnedo, además del acoso laboral, que tendrán que dilucidar los tribunales, el agente muestra su preocupación porque el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), al que pertenece, también ha permitido la afiliación de su jefe. «Ahora se puede dar un conflicto de intereses porque mi abogado es el del sindicato. ¿Qué pasa si la otra persona también pide ayuda legal al SPPME?», se pregunta.

Desde el Sindicato se explica que no puede haber ese «conflicto de intereses» y que, en el caso de que las dos partes reclamasen los servicios jurídicos del SPPME éste aportaría un abogado a cada parte.