El recurso riojano contra el 'Estatut' se basará en la gestión del Ebro y la financiación autonómica

Este último aspecto, aunque no es capital en el recurso, sirve para ilustrar el espíritu de las alegaciones riojanas. El informe explica cómo el Estatuto catalán se adjudica las atribuciones de gestión y control «sobre las actuaciones de los órganos de la Denominación (de Origen del Cava)». Los redactores del dictamen recuerdan que el Consejo del Cava incluye términos de otras provincias y regiones (de La Rioja, por ejemplo) y reclaman para el Estado la competencia para regular «denominaciones de origen de ámbito supracomunitario».

Trasvase del Ebro

Un punto de vista similar se aplica al análisis de lo legislado por el 'Estatut' en materia de recursos hídricos. Para los redactores del informe, «determinadas decisiones que pueda adoptar la Generalitat afectan a competencias e intereses de La Rioja». Además, subrayan que la autorización de un posible trasvase del Ebro «corresponde a las Cortes Generales», cuestión que, a su juicio, no puede dejarse en manos de la Administración catalana.

El informe también se detiene en el análisis de la financiación autonómica que se propone desde Cataluña, recogida en el artículo 201 del Estatuto, donde puede leerse: «La financiación de la Generalitat se rige por los principios de autonomía financiera (...) La financiación de la Generalitat no debe implicar efectos discriminatorios para Cataluña». Unas palabras que motivan duros reproches desde La Rioja. «Este precepto», advierten los miembros del Consejo Consultivo, «desborda el marco constitucional de la financiación autonómica».

En su opinión, la aplicación de semejante doctrina derivaría en la aparición de «un sistema bilateral (...) que puede acarrear efectos perniciosos» para La Rioja y que el informe considera «incompatible con la Constitución». «El espacio fiscal del Estatuto desaparece en Cataluña», sentencia el dictamen, cuyas conclusiones no dejan lugar a dudas: la Generalitat se queda con más recursos y aporta menos al Estado, «reduciéndose en proporción los recursos financieros disponibles para las demás comunidades».