Bolivia acosa a Repsol

La puesta en libertad condicional del citado directivo, de nacionalidad boliviana, bajo severas medidas de seguridad y contra la opinión de la fiscalía que presentará recurso, no resuelve evidentemente el contencioso. Un contencioso que tiene un claro trasfondo político y que desactiva completamente la mejoría de la relación bilateral que en apariencia había conseguido el reciente viaje de la vicepresidenta Fernández de la Vega a Bolivia hace apenas unas semanas.

Las empresas mercantiles, sean o no multinacionales, velan por sus intereses económicos porque su obligación consiste en retribuir lo mejor posible a sus accionistas. No cabe, pues, esperar de ellas filantropía alguna pero resulta inimaginable que empresas de la envergadura, tradición y reputada solvencia de Repsol cometan marrullerías de poca monta para mejorar sus cuentas de resultados. Así pues, la persecución de que es objeto la compañía hispano argentina en Bolivia no puede interpretarse más que como el resultado del afán expeditivo y ejemplarizante del nuevo régimen de meter en vereda a las empresas extranjeras, que deberán plegarse de grado o por fuerza a la arbitrariedad del populismo de izquierdas que suple en algunos lugares de Latinoamérica al viejo autoritarismo conservador.

Lo grave del caso es que estos sucesos, que a la postre producen un quebranto muy limitado a Repsol, son el negro presagio del inexorable empobrecimiento del ya depauperado pueblo boliviano que no podrá mantener las apreciables tasas de crecimiento del PIB que ha conseguido durante los últimos años si la inversión extranjera no crece por encima del 10%. No hace falta decir que estrangular y perseguir a las compañías extranjeras no es la mejor manera de atraer a los inversores. Sería muy deseable que el Gobierno español, que parece tener todavía acceso al sanedrín del presidente Evo Morales, le hiciera ver todas estas cosas al tiempo que defiende, como es su deber, los intereses de las empresas españolas allí donde se encuentren.