Repsol amenaza con acudir a la justicia si continúa su «persecución» en Bolivia

Añadió que, en estas condiciones, «estima muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia».

Fue su tajante reacción al registro que el Ministerio Público de Bolivia llevó a cabo el pasado viernes en el que tres fiscales, acompañados de medio centenar de agentes armados, allanaron la sede central de la sociedad en busca de documentación sobre un contrato supuestamente ilegal que habrían suscrito la compañía española y la brasileña Petrobras.

La acción concluyó con la detención del auditor Saúl Encinas, puesto en libertad pocas horas más tarde, pero imputado por «estafa agravada» en el marco de la acción judicial que abrió la justicia boliviana contra representantes de Andina por un supuesto daño económico al Estado en la suscripción de un contrato de exportación de gas con Petrobras.

Según precisó el ministro de Energía, Andrés Soliz, la supuesta estafa habría restado unos 160 millones de dólares de ingresos en el contrato a largo plazo suscrito por Andina, por incluir la venta de gas natural a precio muy inferior al de mercado. Por eso, el Estado boliviano les acusa de atentar contra los intereses del país, desarrollar una conducta antieconómica, estafa y abuso de confianza.

Arresto domiciliario

La audiencia de medidas cautelares se realizó en la madrugada del domingo (hora española) en la Corte de Justicia de Santa Cruz, donde Andina-Repsol tiene sus oficinas. El juez Jimmy López no encontró justificada la imputación al auditor por parte del Ministerio Público entre otras razones porque Encinas asumió esa función en 2003, y el contrato se firmó el 30 de octubre de 2002.

No obstante, el magistrado dispuso el arresto domiciliario limitado del profesional -que permanecerá sin custodia, e incluso podrá acudir a su puesto de trabajo- mientras continúa la acción judicial. También decidió que una veintena de empleados de la compañía, en su mayoría ejecutivos, acudan a declarar hoy.

El presidente boliviano, Evo Morales, afirmó el sábado que el allanamiento de las oficinas de la empresa es un hecho propio de la justicia que investiga una denuncia y no forma parte de ningún plan de su Gobierno para «expropiar o expulsar a las multinacionales». «Nunca lo hemos pretendido; apostamos por la negociación de nuevos contratos en el marco del decreto de nacionalización», añadió Morales, que volvió a ofrecer garantías al Gobierno español.

Agregó que jamás va a romper las negociaciones que se propone desarrollar el Ejecutivo con las petroleras, tras el decreto de nacionalización del 1 de mayo, pero reiteró que también «respeta las investigaciones del Ministerio Público». «Si hay delitos se tendrán que castigar», concluyó.