Condena de tres años de cárcel y 150.000 euros a los acusados por el accidente laboral de Baños

Según los hechos que la juez del caso ha considerado probados, el joven Juan Carlos Vallejo, de 20 años, que residía en España de manera irregular, fue contratado por los tres acusados de forma verbal, sin previa obtención del permiso de trabajo, sin ser dado de alta en la Seguridad Social y sin hacer constar el salario pactado. Los imputados (un padre y sus dos hijos) le encomendaron al inmigrante desarrollar diversas tareas en los distintos negocios que poseen en Baños. Entre otras tareas -dice la sentencia- se le encargó trabajar en las viñas y pintar dos plantas de la empresa familiar 'Embutidos Amutio'.

Allí se ubicaba un montacargas que carecía de las normas de seguridad exigidas y que el trabajador utilizaba para desplazarse por las distintas estancias del recinto. La mañana del 14 de agosto del 2003, el joven falleció por compresión torácica al quedar atrapado entre el aparato y la estructura del edificio cuando trataba de accionar los botones de puesta en marcha colocados en el exterior del montacargas.

El cadáver fue hallado más tarde por uno de los acusados, que había ido a la empresa acompañado por unos turistas con el fin de venderles algunos productos cárnicos. Cuando descubrió el cuerpo sin vida del inmigrante -relata la sentencia- el imputado le quitó al trabajador el buzo azul que llevaba así como unas botas de la empresa y los escondió. Lo mismo hizo con una mochila del accidentado. Cuando llegó la Guardia Civil negó ante los agentes conocer la identidad del fallecido y apuntó la idea de que se trataba de algún delincuente que había entrado a robar.

El fallo judicial especifica que el inmigrante convivía en España junto a su madre y una hermana, que nunca recibieron oferta ni cantidad económica alguna en concepto de reparación del sufrimiento causado y ni siquiera recibieron el salario que el joven, al fallecer, no llegó a percibir.

La pena de cárcel impuesta por la juez del Penal número 2 coincide con la solicitada por el Ministerio Fiscal al término del juicio. Tanto la acusación particular como la ejercida por CCOO habían pedido seis años de cárcel y 750.000 euros de indemnización.