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NURIA VEGA
MADRID.
Domingo, 29 de octubre 2017, 01:15
Ejercida la potestad de disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones, Mariano Rajoy delegó ayer todas las funciones derivadas de la Presidencia de la Generalitat en Soraya Sáenz de Santamaría. De la número dos del Gobierno, encargada desde el inicio de la legislatura de encauzar el conflicto independentista, dependerá, en consecuencia, la coordinación del Ejecutivo catalán durante el tiempo que dure la intervención de la autonomía hasta la formación del nuevo Gobierno.
Según el decreto que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la vicepresidenta se ocupará de las competencias de Carles Puigdemont y parte de las asignadas a Oriol Junqueras aunque sean limitadas en los 54 días previos a unas elecciones. Asimismo pasará a controlar el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña, que en la práctica sería similar a un CNI catalán.
En cuanto a las tareas del resto de consejerías se harán cargo los ministerios correspondientes, tal y como anunció Rajoy en su comparecencia en la Moncloa a última hora del viernes. Esa era la idea original, aunque sobre la mesa quedaba la opción de conformar un órgano específico para dirigir la intervención de la autonomía. Esa tarea recae en el Consejo de Ministros y en las reuniones previas que el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, persona de confianza de la vicepresidenta, celebrará con los subsecretarios de los distintos departamentos. El primer encuentro tuvo lugar este mismo sábado.
«No habrá mando único para Cataluña», insistían ayer en la Moncloa en un mensaje de calado con el que tratan de transmitir la idea de que la intervención será técnica y temporal hasta la celebración de las elecciones el 21 de diciembre y de ahuyentar la imagen de un cargo político ocupándose de la Generalitat.
En todo caso, que el presidente haya querido trasladar a Sáenz de Santamaría las funciones más representativas del Gobierno de Cataluña no debería extrañar a nadie. Cuando Rajoy renovó como jefe del Ejecutivo en octubre de 2016, encomendó a su mano derecha la tarea prioritaria de su segundo mandato, gestionar el desafío secesionista. En aquel momento la tentativa de reconstruir los puentes con la Generalitat se bautizó como 'operación Diálogo', pero pese a los esfuerzos por negociar todas las demandas, excepto la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado, la estrategia fracasó.
«Probablemente haya cometido muchos errores, pero no el error mayúsculo, que es negociar por cuenta del Gobierno con la soberanía del pueblo español», se justificó el 13 de octubre la vicepresidenta, satisfecha con haber podido al menos establecer ciertos contactos con la sociedad civil catalana.
Hubo quien en el PP y en el Ejecutivo consideró, además, que el resultado final, la culminación de la hoja de ruta independentista y el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, podría anotarse en la lista del «debe» de Sáenz de Santamaría; que el CNI, bajo su dirección, erró al no detectar las urnas para la consulta y al no analizar correctamente el grado de compromiso de los Mossos d'Esquadra; y que, por lo tanto, la garantía que la vicepresidenta ofrecía a Rajoy no fue tal.
La decisión del jefe del Ejecutivo de confiar en la vicepresidenta nuevamente zanja, al menos de manera temporal, el debate. Es cierto que durante los últimos meses han convivido dos almas en la formación conservadora y en el Gobierno. Los partidarios de haber recurrido hace tiempo al artículo 155, cuando el Parlamento autonómico aprobó las leyes de desconexión y aún era posible frenar los pasos de la Generalitat hacia el referéndum; y quienes creyeron acertada la decisión de su líder de esperar hasta agotar todas las opciones.
Fuentes del PP ubican en el primer grupo a los afines a la ministra de Defensa y detectan en la tesis de aguardar a quienes se sienten próximos a Sáenz de Santamaría. Aunque en ningún caso María Dolores de Cospedal, que por su área de responsabilidad se mantiene en un segundo plano en la crisis catalana, ha realizado ningún gesto que ponga en cuestión la manera de proceder del jefe del Ejecutivo.
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