Aviso a los funcionarios que desobedezcan

El mensaje del Gobierno a los miles de funcionarios y personal laboral dependientes hasta ahora de la Generalitat catalana es muy claro: el incumplimiento de las medidas acordadas se considerará una infracción por quebrantamiento del deber de fidelidad a la Constitución y estará sujeto a la normativa estatal o autonómica.

El ejercicio de la potestad disciplinaria pasará a los nuevos gestores que se designen en las diferentes áreas funcionariales, sin perjuicio que determinadas responsabilidades penales se pongan en manos de la Fiscalía.

Según la normativa laboral, se considera falta muy grave, precisamente, el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la Función Pública, y entre las sanciones dispuestas para estas conductas irían desde la separación del servicio hasta la suspensión de funciones o el traslado con cambio de residencia. A este castigo se le sumarían las responsabilidades pecuniarias en caso de desobedecer las directrices u órdenes de los nuevos gestores en las diferentes consejerÍas catalanas.

Del mismo modo, la aplicación del artículo 155 supondrá la anulación de los expedientes sancionadores al personal del sector público empresarial o de la administración por acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial relacionadas con el proceso soberanista. Y se advierte, de forma expresa, de las consecuencias penales o administrativas a quien inicie, tramite o resuelva los citados expedientes sancionadores por este motivo.

Ayer, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) manifestó su apoyo a la decisión adoptada por el Gobierno y a las medidas que adopte el Senado «para devolver cuanto antes la normalidad institucional» y la seguridad jurídica a los empleados públicos catalanes.