Los investigadores tratan de esclarecer si hubo un chivatazo a Ignacio González

Los operativos, que tienen intención de reclamar al juez Eloy Velasco que abra una pieza separada sobre esta supuesta filtración, basan sus sospechas en varios indicios, pero sobre todo por el hecho de que el expresidente hace dos meses dejó de usar profusamente sus móviles, lo que respondería a que alguien le sopló que estaban intervenidos. Hasta entonces, González había hecho un uso indiscriminado e «indiscreto» de sus teléfonos, hablando abiertamente con sus interlocutores de cuestiones muy sensibles.

Las sospechas de los agentes se acrecentaron cuando varios investigados, solo días después, alertaron en sus llamadas de que sus líneas podrían estar pinchadas. Incluso, alguno insinuó que la información provenía de altas instancias oficiales.

Tras el presunto chivatazo, tanto González como su entorno emprendieron una carrera frenética por contactar con responsables policiales y judiciales para tratar de confirmar el alcance de las investigaciones que por entonces ya estaban coordinadas por Velasco. Según se infiere de los escasos pinchazos jugosos conseguidos tras el chivatazo, los implicados averiguaron que las pesquisas superaban la denuncia que el equipo de Cristina Cifuentes ya había entregado a Anticorrupción en verano de 2016. Según fuentes del caso, eso hizo que González y sus más cercanos se dedicaran en las últimas semanas a intentar hacer desaparecer documentos.

«Ya lo intenté yo»

Los pinchazos a González, al margen de revelar las filtraciones desde estamentos más o menos oficiales, también desvelan la esperanza que el principal imputado de la operación Lezo tenía en el nombramiento, como así fue, de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción, al que consideraba favorable a las tesis del PP y del que confiaba que frenara la investigación sobre su ático.

Así lo desveló en una conversación, muy anterior a la designación de Moix, que mantuvo con Eduardo Zaplana. En ese pinchazo, González, muy preocupado por el asunto del ático, le dijo al exministro que sería «cojonudo» poder «colocar» a Moix al frente de Anticorrupción porque era un «tío serio y bueno». «Lo intenté en su día», le confesó.

Las confidencias de González a Zaplana sobre Moix han inquietado a la UCO, sobre todo a la luz de lo ocurrido en los últimos días cuando el propio Moix intentó vetar, entre otros, uno de los registros claves de la operación Lezo, el de la Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) -la filial del Canal de Isabel II en Sudamérica- con el argumento de que las operaciones sospechosas se remontaban a la etapa en que Alberto Ruiz-Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid.

El veto de Moix al registro que proponía la UCO y sus subordinados siguió hasta la Junta de Fiscales a pesar -explican fuentes de la investigación- de que los agentes y los fiscales recalcaron que el registro de Innasa se justificaba por la compra en 2013 (con González ya como presidente) por parte de esa sociedad del 75% de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda. La operación supuso comprar por 21 millones una firma que no valía ni la cuarta parte, amén de generar un agujero de unos 37,4 millones de las arcas públicas. La operación habría supuesto la mayor maniobra de blanqueo de capitales de Ignacio González en el extranjero y, de no haberse registrado la sede de Innasa, se habría perdido la más importante fuente de información sobre ese inmenso lavado de dinero.