El juez Velasco entrega las preguntas a Cifuentes para que declare por escrito

El juez Velasco ha acudido esta tarde a la sede del Gobierno regional para entregar a Cifuentes las preguntas relacionadas con la investigación para que ésta declare por escrito. Después, el magistrado se ha dirigido a la sede de la consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, en un edificio anexo, para tomar declaración en persona al consejero Ángel Garrido. Antes de acudir a la sede, el juez ha tomado declaración en la Audiencia Nacional a los otros tres citados como testigos.

La operación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se saldaba esta mañana con la detención de 12 personas, entre ellas el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, antecesor de Cifuentes en el cargo, por presunto blanqueo de capitales desde el Canal de Isabel II, el ente público de gestión de agua en la comunidad de Madrid.

Horas después de conocerse la detención, en una rueda de prensa sobre otro asunto en la que no ha admitido preguntas, la presidenta madrileña ha señalado que "desde la Comunidad estamos colaborando absolutamente con la Justicia". "En su momento remitimos a la Fiscalía una información referida al Canal de Isabel II y desde ese momento hasta el momento actual y en el futuro nuestra colaboración ha sido, es y será absoluta", ha insistido Cifuentes. La presidenta madrileña ha rechazado hacer valoraciones sobre la operación por ser "un asunto que investiga la UCO y la Audiencia Nacional y que está bajo secreto de sumario", según ha señalado, aunque ha defendido que la postura de su gobierno es de "tolerancia cero ante la corrupción".

«Anomalías» en las operaciones

La operación tiene su origen en 2015, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias para investigar la gestión del Canal de Isabel II. En julio de 2016 el Ministerio Público judicializó las diligencias, cuando el gobierno de Cristina Cifuentes puso en conocimiento del ministerio público algunas "anomalías" detectadas en las filiales del Canal en Iberoamérica, entre ellas la adquisición de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes. La querella presentada por la Fiscalía en la Audiencia Nacional recayó en el Juzgado Central de Instrucción número seis, cuyo titular es el magistrado Eloy Velasco. Este juez ya instruye la trama Púnica que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Hace ahora casi un año, en mayo de 2016, la Comunidad de Madrid informó de que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba llevando a cabo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica, así como las filiales de la misma. Unas gestiones que culminaron con la remisión a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de un informe en el que se detectaban "anomalías" en las filiales del ente público.

Según explicó en ese momento el gobierno regional de Cristina Cifuentes, el análisis revisó entre otras cuestiones la compra que llevó a cabo el Canal en noviembre de 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes. El importe de la operación alcanzó los 21 millones de euros y, un año después, redujo su valor contable hasta apenas cinco millones. Según este análisis, la operación presentaba cuestiones "anómalas" en diferentes aspectos como los precios, los plazos o las fórmulas de pago utilizadas, por lo que pusieron la documentación en manos de la Fiscalía para que determinara si alguno de ellos era constitutivo de delito.

Así lo explicó en aquel momento el entonces presidente del Canal, Ángel Garrido, a la sazón portavoz del Gobierno regional. Por su parte, Cifuentes defendió que la responsabilidad de la operación no correspondía al Ejecutivo regional que presidía el ahora detenido Ignacio González, sino al que fuera responsable de esa área en aquellas fechas, Edmundo Rodríguez, cuyo cargo era el de presidente ejecutivo de la Sociedad Interamericana Aguas y Servicios, S.A. (Inassa), empresa del Grupo Canal en Colombia. Asimismo, el Canal cesaba a la que fuera entonces responsable del área Financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, por su participación en la compra de la citada empresa brasileña.

Meses más tarde, ya en marzo de este año, la oposición en la Asamblea madrileña solicitó a la Fiscalía que investigara la actividad del Canal en Iberoamérica por sus sospechas sobre una presunta "trama corrupta" que podría haber llevado a cabo actividades fraudulentas que podrían incluir desvío de fondos públicos, uso de sociedades off-shore o administración desleal. La oposición, formada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, apoyó la denuncia con un informe llevado a cabo por la Comisión del Estudio de la Deuda de la Comunidad de Madrid y que apuntaba a un presunto "entramado" societario para favorecer la actividad del Canal en Iberoamérica.