La Fiscalía encarga a la Guardia Civil investigar los preparativos del referéndum catalán

Según fuentes jurídicas, la Guardia Civil tiene ahora en sus manos esta investigación, que se une a la pedida por la Audiencia Nacional sobre entidades o empresas que presuntamente están colaborando con el proceso independentista.

El ministerio público abrió a finales del mes pasado diligencias de investigación por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales con relación a la supuesta preparación de un referéndum independentista, a raíz de la publicación de un anuncio institucional sobre el "registro de catalanes y catalanas en el exterior" que algunos partidos de la oposición creen que incitaba a participar en una consulta de independencia.

El anuncio forma parte de una campaña institucional en medios de comunicación lanzada por la Generalitat para promover la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior, con el lema: "¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Cataluña? ¿Ya se han inscrito en el registro de residentes en el exterior?", junto a una fotografía de una tableta electrónica en la que aparece el mapa catalán y la pregunta "¿Sí o no?", en letra negrita.

Una de las primeras diligencias que la Fiscalía ha encargado a la Guardia Civil es requerir a la Generalitat los expedientes relativos a dicha publicidad institucional, con el fin de averiguar su coste y los detalles de la contratación, han informado las mismas fuentes.

Además de estas pesquisas, el instituto armado también tiene encomendada la investigación que la Audiencia Nacional abrió en marzo del año pasado a entidades y empresas que supuestamente están colaborando con la Generalitat para poner en marcha estructuras de Estado, como los servicios de inteligencia o la Agencia Tributaria Catalana.

En el marco de estas diligencias, la Fiscalía, que investiga posibles delitos de sedición y malversación de caudales públicos, ha pedido a la Guardia Civil que requiera a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad documentación sobre los contratos con la Generalitat en relación a la puesta en marcha de esas estructuras, diligencia que el instituto armado está llevando a cabo desde hace unos días.

También la Guardia Civil participa en la investigación que abrió el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre las manifestaciones del juez y exsenador de ERC Santi Vidal, que en distintas conferencias explicó que el gobierno catalán estaba recopilando ilegalmente los datos fiscales de los catalanes y haciendo clasificaciones de los jueces por su ideología.

La Fiscalía había abierto días antes una investigación sobre las declaraciones de Santi Vidal, que tenía previsto encargar a la Guardia Civil, aunque por el momento ha suspendido sus diligencias al haber asumido las pesquisas el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

Como primeras diligencias, el juez instructor preguntó formalmente al Senado si Santi Vidal, que dimitió al día siguiente de trascender el escándalo de sus conferencias, seguía formando parte de esta cámara y requirió al Parlament la transcripción de la comparecencia del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, en que desmintió el contenido de las polémicas conferencias del juez.

Colaboraciones secesionistas

Antes, ya se había confirmado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga en secreto desde marzo de 2016 a las empresas que están colaborando con la Generalitat para implementar las estructuras del Estado independiente, como los servicios de inteligencia y la Agencia Tributaria.

En el marco de estas diligencias, la Fiscalía, que investiga posibles delitos de sedición y malversación de caudales públicos, ha pedido a la Guardia Civil que requiera a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad documentación sobre los contratos con la Generalitat en relación a la puesta en marcha de esas estructuras, según ha informado El País.

Otras fuentes jurídicas han corroborado ese requerimiento y señalando que no es el primero de este tipo que se hace en el marco de dicha investigación, abierta en los años en que Consuelo Madrigal estaba al frente de la Fiscalía General del Estado y Javier Zaragoza en la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Ahora con esos cargos renovados tras los nombramientos de José Manuel Maza y Jesús Alonso, respectivamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a dar un nuevo empuje a estas diligencias.

La Fiscalía ha dado un plazo de 8 días a las empresas contratadas por la Generalitat para entregar a la Guardia Civil toda la información de que dispongan sobre las adjudicaciones y se les advierte que de negarse pueden incurrir en delitos de desobediencia y de malversación de caudales públicos.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha confirmado en declaraciones a los periodistas en un acto público que este asunto "está en curso", pero ha añadido que no puede dar más explicaciones al respecto.

Tras la declaración independentista del 9 de noviembre de 2015 aprobada por el Parlamento catalán, la Audiencia Nacional abrió una serie de diligencias por rebelión y sedición contra varios ayuntamientos catalanes por haber aprobado mociones de apoyo a la resolución, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.