Parte del dinero del caso de los ERE se gastó en cocaína y copas

Anticorrupción, que también les pide 30 años de inhabilitación, acusa a ambos de los delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía también acusa, en esta pieza de los ERE, al exdirectivo de Vitalia Antonio José Albarracín, para el que pide seis años de prisión por firmar una póliza por 122.648 euros a favor de la madre del chófer.

Además, Anticorrupción pide otros seis años y tres meses de prisión para un socio del conductor, Isidoro Ruz, que colaboró en montar una supuesta granja avícola que recibió 450.000 euros de dinero público.

Guerrero, uno de los principales acusados en los ERE, concedió en 2004 las ayudas sin tener competencia para ello, y las subvenciones se tramitaron a través de tres empresas creadas solo para recibir el dinero y "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", según la Fiscalía. Otras irregularidades en este proceso, según Anticorrupción, fueron que las ayudas se dieron "sin la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones y sin que se acreditare el carácter excepcional de las ayudas".

Tampoco se dictaron resoluciones motivadas de la concesión de las ayudas ni de los requisitos exigidos a las sociedades beneficiarias, no se sometieron a ningún tipo de fiscalización de la Intervención y no se hizo ningún tipo de seguimiento de la aplicación de los fondos públicos concedidos, concluye la Fiscalía. Tres de las ayudas se aprobaron el 5 de febrero de 2004 y fueron de 450.000 euros como máximo para evitar que se tuvieran que aprobar por los órganos legales, explica Anticorrupción.

El chófer, con el dinero recibido, no ejecutó ninguno de los proyectos de inversión ni contrató al personal previsto en las memorias, que "se aportaron para, de forma engañosa, justificar la concesión de las ayudas", añade el escrito de acusación.

La Fiscalía considera "evidente que en ningún caso las tres sociedades se constituyeron para iniciar una actividad empresarial, sino para canalizar para disposición de los encausados fondos públicos de la Junta de Andalucía". Con el dinero recibido, añade la acusación pública, el chófer financió compras de inmuebles y fincas rústicas con fines especulativos, y entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca de Llanos del Sotillo (Jaén), donde tienen el domicilio familiar.

El ex director general, por su parte, recibió de su chófer entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína. La Fiscalía afirma que no se ha podido cuantificar el importe del dinero gastado por el chófer en estos conceptos, y señala que supone "un porcentaje importante" de los fondos recibidos.

De los 122.648 euros de la póliza aprobada para la madre del chófer, parte se disponía por el conductor para seguir atendiendo gastos propios, entregas en efectivo así como invitaciones y compra de cocaína para Guerrero, asegura Anticorrupción. Además, la Fiscalía pide que Guerrero y su chófer restituyan en 900.000 euros a la Junta de Andalucía, y ambos, junto al socio de la granja avícola, deberán pagar a la Administración andaluza otros 450.000 euros.

Guerrero, su chófer y el exdirectivo de Vitalia deberán pagar a la Junta 125.000 euros; el ex director general, junto al conductor y su mujer, deberán pagar otros 24.000 euros; y las tres empresas que recibieron el dinero deberán responder subsidiariamente por los 450.000 euros que recibieron cada una de ellas, concluye la Fiscalía.