La absolución de la hermana del Rey es definitiva

Esta decisión convierte en firme la absolución de Cristina de Borbón porque solo Manos Limpias acusaba a la infanta por los delitos cooperación necesaria en los delitos fiscales de su marido. Ninguna otra parte -ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares- acusaban a la hermana de Felipe VI, por lo que no podrían recurrir una supuesta absolución.

Manos Limpias, en la actualidad, está disuelta de 'facto', aunque no jurídicamente. El golpe de gracia a esta organización se lo dio la Policía y el juez Santiago Pedraz en abril de 2016, en plena vista oral del 'caso Nóos', cuando detuvieron al propio Bernad y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por liderar una trama de extorsión a bancos y particulares, además de haber tratado de chantajear al entorno de la infanta para sacarla del banquillo del 'caso Nóos' a cambio de tres millones de euros. Aunque López-Negrete no fue imputada en un primer momento por la supuesta extorsión a la infanta, terminó siendo encausada en septiembre, acusada de haber participado con Pineda en la coacción al BBVA.

7 años, línea roja

El otro gran acusador del proceso es el fiscal Pedro Horrach, pero no esta claro que sea la persona que dirija un posible recurso de casación ante el Supremo. Horrach pidió la excedencia de la carrera fiscal en julio de 2016, pero le fue denegada. La promesa de la Fiscalía General del Estado es que le dejará marchar el próximo 30 de abril.

Horrach, en cualquier caso, sí será el responsable de reclamar una vistilla para el ingreso en prisión en el caso de que la Audiencia de Palma dictamine penas de cárcel. La praxis habitual de este fiscal ha sido la de reclamar automáticamente el ingreso en prisión para todos los encausados por corrupción en las islas castigados en primera instancia con más de siete años de cárcel.

Sin embargo, Horrach no tendrá las manos tan libres en este caso como las tuvo para reclamar el ingreso inmediato en prisión de la expresidenta del Parlamento y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar. Es, obviamente, un caso «especial», en el que cualquier decisión deberá ser al menos consultada o consensuada con los responsables de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.