Las comunidades logran un respiro con el déficit de 2017

Los consejeros autonómicos habían llegado al encuentro con la idea de lograr estirar la flexibilidad hasta un 0,7%, el mismo límite fijado para 2016. Una cifra que, sin embargo, para Hacienda resultaba difícil de justificar ante la Comisión Europea, muy pendiente siempre del desfase autonómico. Precisamente, esta negativa provocó que algunas de las comunidades con un mayor desfase, como Valencia, Baleares y Cataluña, se desmarcaran del acuerdo y votaran en contra. Sin embargo, la abstención del resto de consejeros socialistas (Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón) permitió que la senda saliera adelante.

De esta forma, los gobiernos regionales logran moderar los ajustes de cara a 2017 hasta el punto de que algunas comunidades cerrarán este año ya en cifras inferiores. De hecho, 14 regiones todavía se encontraban por debajo de ese umbral con los datos registrados el pasado septiembre (los últimos publicados). Y es que el comportamiento del déficit autonómico este año parece más favorable, sobre todo tras los 7.666 millones recibidos por la liquidación del sistema de financiación de 2014. Pese a esta evolución más alentadora, la previsión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es que el déficit autonómico cierre en el 0,8% este ejercicio.

En cualquier caso, las comunidades que cierren este año por debajo del 0,6% no significa que puedan aumentar su déficit el próximo ejercicio porque se lo impide la regla de gasto, otra de las herramientas contempladas en la ley de Estabilidad y que básicamente impide que una administración aumente su gasto por encima de un límite fijado por el Gobierno aunque tenga margen para ello.

El problema de la financiación autonómica no se arregla sólo con una décima. Necesita de un cambio en el sistema que tenga en cuenta el gasto social de las comunidades, ha explicado la consejera de Hacienda de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, para justificar que su comunidad no haya votado a favor. En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que la reforma del sistema de financiación se abordará en la Conferencia de Presidentes que se convocará en enero.