El número dos de 'Gürtel' endosa a Correa la gestión de la red y sugiere que fue una operación política

En las cuatro horas de interrogatorio de la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell, que tendrá continuidad este martes, Crespo despejó de un plumazo nada más comenzar su declaración la que iba a ser su línea de defensa: Francisco Correa, como ya proclamó en el juicio, es el responsable directo de los tejemanejes corruptos y descartó ratificar sus palabras ante la Policía y en sede judicial tras su detención y posterior ingreso en prisión, donde estuvo tres años de forma preventiva y salió tras abonar 100.000 euros de fianza.

La estrategia de no reconocer aquellas declaraciones supone, en efecto, seguir la pauta marcada el primer día de juicio por su abogado Miguel Durán. Entonces, el letrado reclamó la nulidad íntegra del procedimiento por estar contaminado tras las escuchas ilegales a los abogados en prisión que autorizó el juez Baltasar Garzón, y que a la postre supusieron su inhabilitación después de ser condenado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas).

Pese a que el tribunal de la Audiencia Nacional rechazó de plano esta petición, seguida por el grueso de los 37 acusados y el PP (responsable civil a título lucrativo) por la primera época del 'caso Gürtel', periodo 1999-2005, Crespo volvió a la carga y expuso los mismos argumentos. El objetivo era claro: rechazar su incriminación por tratarse de un proceso viciado en origen y dejar una puerta abierta a las nulidades en su recurso de casación en el Supremo ante una presumible condena (la Fiscalía le pide 85 años y medio de prisión, la segunda más alta tras Correa).

El engranaje de defensa expuesto por Crespo y orquestado por su abogado Miguel Durán, ex director general de la ONCE y político de corto recorrido, sacó a relucir dos piezas más y una sorpresa. Por un lado, atribuir a Correa la ejecución final de las actividades de las empresas que él gestionaba, en línea con la salvaguarda que hizo el cabecilla confeso de sus trabajadores. Del otro, airear su desmemoria cuando la fiscal le preguntó por apuntes directos en los documentos hallados en la 'caja B' de la red.

Esto es, Crespo se desmarcó de la batería de indicios que le incriminan. Para ello no tuvo reparos en afirmar que era «la propia administración» la que les obligaba «a fraccionar las facturas» o que «nunca se facturó ni un céntimo más de lo que era el trabajo realizado».

La guinda de Rubalcaba

Pero a toda estrategia de defensa que lo merezca no le puede faltar una guinda. Y la de Crespo era de color rojo y se llama Alfredo Pérez Rubalcaba. Haciendo gala de su pasado político en el PP, señaló al exministro socialista para sugerir que la operación policial que desarticuló el grupo Correa tuvo claros tintes partidistas. Lo hizo, eso sí, con el tacto de un amanuense que se había pasado las siete sesiones previas del juicio tomando abundantes datos en su libreta.

Así, este exbanquero nacido en Pontevedra en 1960 aseguró que supo que les seguían tres meses antes de que estallara el 'caso Gürtel', en febrero de 2009. Sin identificar la procedencia del 'chivatazo' (una práctica delictiva bastante común en los casos de corrupción), aseguró que recibió una «información» en noviembre de 2008 que le dijo que «desde el despacho de Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, y luego de Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, se había organizado una operación con policías amigos contra el Partido Popular», a la que se llega a través de Francisco Correa «por su amistad con Alejandro Agag», yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Ni la insistencia de Concepción Sabadell sobre la identidad de la 'garganta profunda' le hizo moverse a Crespo de su sitio. «No se lo voy a decir porque no viene a cuento», concluyó, convencido.