La oposición culpa a Díaz, Chaves y Griñán del «fraude» en los cursos de formación

El PP andaluz señala en sus conclusiones que existen unas responsabilidades políticas "claras y contundentes", entre las que destacan las de la presidenta, Susana Díaz, y fija en 1.970 millones el perjuicio económico como consecuencia del "fraude" en la gestión.

El PP fija la responsabilidad política de Díaz en quince puntos, principalmente por la paralización de los cursos, pero también le achaca la "falta de colaboración" de la Junta con la comisión, que se "oculte información fundamental" para conocer la totalidad del fraude o que "impulsara" un segundo cambio competencial de Educación a Empleo, "a sabiendas del caos que organizativo que se añadía".

Los populares creen que Díaz también participó en la recepción de fondos para el PSOE a través del alquiler de sedes compartidas con UGT; que conoce lo que sucedía desde la dimisión del ex número dos del PSOE-A Rafael Velasco; que ha "ocultado" relaciones familiares directas relacionadas con la formación y que desde el Gobierno andaluz no hace "todo lo posible" para recuperar el dinero.

El PSOE-A niega la «trama»

Por su parte, el PSOE-A ha negado la existencia de "ningún tipo de trama" en torno a las ayudas de la formación y de responsabilidades políticas de los cargos de la Junta, ni de los funcionarios, destacando además que en las comparecencias de los interventores en la comisión de investigación "se rechazó que haya existido menoscabo de fondos públicos".

Así se recoge en un extracto de las conclusiones del Grupo Socialista en la comisión de investigación, consultadas por Europa Press, y que serán registradas este lunes, fecha en la que finaliza el plazo estipulado, tras ser ampliado en una semana por acuerdo unánime de los grupos parlamentarios y a petición de Podemos e IULV-CA.

Los socialistas apuntan que "del paso de todos los comparecientes hay una primera idea que ya nadie discute: nadie comparte la teoría de la conspiración". Así, según señalan, "las ayudas se daban con órdenes reguladoras previas, con arreglo a la normativa básica estatal; la normativa no se ha diseñado para el fraude, y las deficiencias detectadas en los informes especiales son de carácter administrativo y en ningún caso de trascendencia penal".

El Grupo Socialista subraya que del paso de los interventores por esta comisión ha quedado claro que "los informes detectaron cuestiones administrativas, nunca penales"; que "no hay menoscabo; que el hecho de que no vieran determinada documentación en el momento de hacer el informe no significa que no la hubiera porque en la fase de fiscalización previa tuvieron que verla; y que la Junta ha actuado de manera "rápida y contundente".

Chaves y Griñán

Por su lado, IU concluye que hay responsabilidad política de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y que hay una "responsabilidad por acción negligente" de Susana Díaz por paralizar durante tres años los programas de cursos.

La federación de izquierdas considera que Chaves tiene responsabilidad política "in vigilando" e "in eligendo", mientras que Griñán solo es responsable por esto último.

Díaz, por su parte, y el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, son para IU responsables "por acción negligente", ya que consideran que no afrontaron con la rapidez necesaria la puesta en marcha de nuevo de los cursos de formación.

IU señala como responsables políticos directos a los titulares de Empleo en los gobiernos de Chaves y Griñán de la época investigada; a los viceconsejeros; a los secretarios generales técnicos; a los directores generales de formación; a los directores provinciales de Empleo y a las direcciones del SAE.

Los responsables políticos "directos", según IU, debieron establecer mecanismos de evaluación, fiscalización y control para comprobar que los cursos se hacían y que tenían los fines convocados.

Podemos culpa a Díaz de perder 800 millones

Podemos señala a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a sus antecesores en el cargo Manuel Chaves y José Antonio Griñán, como responsables del "fraude" en las ayudas para los cursos de formación desde 2004, según su dictamen de conclusiones de la comisión de investigación.

La formación morada considera que Díaz es responsable de paralizar los cursos de formación y, en consecuencia, de la pérdida de 800 millones en concepto de presupuesto que se ha dejado de ingresar en los últimos cinco años.

En su informe de conclusiones, Podemos recuerda que, según el artículo 40 de la Constitución Española, la formación profesional no sólo es un derecho de la ciudadanía sino un deber a facilitar por parte de los gobernantes, artículo que considera que Díaz ha incumplido durante cinco años sin aportar informes que justificaran una decisión de tal relevancia.

En el caso de los expresidentes, Podemos Andalucía argumenta que fueron conocedores de la "pésima gestión" de la formación y facilitaron la consolidación de un modelo de concesión de subvenciones "no sujeto a criterios racionales ni objetivos, lo que propició el crecimiento de redes clientelares y ánimo de lucro en torno a la actividad formativa".