La Guardia Civil requiere información al banco suizo Mirabaud por la 'lista Falciani'

Mirabaud España ha confirmado haber recibido esta petición de las autoridades españolas y, según fuentes de la compañía, están prestando su "máxima colaboración para poder facilitar en todo momento la información requerida".

Se trata de la tercera ocasión en la que la Guardia Civil requiere información a entidades bancarias con sede en España. Las anteriores ocasiones fueron el 7 de junio en la sede del banco BNP en Madrid y el 3 de este mismo mes en la del Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid).

La causa está siendo instruida desde el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional y es la Unidad de Crimen Organizado (UCO) del Instituto Armado la encargada de requerir la información en relación con movimiento bancarios de cuentas que operaban desde estas entidades financieras.

La investigación arrancó en junio de 2013 con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público se apoyaba en la documentación y en soportes informáticos aportados por Hervé Daniel Marcel Falciani, información derivada de su experiencia laboral en HSBC Private Bank Suisse.

La denuncia detallaba hechos presuntamente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional.

40 evasores

También en el marco de la causa abierta a raíz de la 'lista Falciani', el titular del Juzgado Central de Instrucción 5, José de la Mata, remitió este mes a los juzgados territoriales de toda España 40 piezas relacionadas con distintas personas o grupos familiares, sospechas de defraudar a Hacienda a través de sus cuentas en este banco.

Determinando caso por caso la competencia judicial, el juez De la Mata concluyó que por las cuantías supuestamente defraudadas, la competencia debe ser la de los juzgados del lugar donde residían fiscalmente los investigados en el momento de la consumación de los delitos, junio de 2008. En todos los casos se investiga un delito contra la Hacienda Pública.