Libertad bajo sospecha

Hay libertad, argumenté apresuradamente, para crear empresas periodísticas, para investigar y para informar sin problemas. Los límites penales están lógicamente en la apología del terrorismo o el racismo o cuando se incurre en falsedad, calumnia o difamación. Desde hace mucho tiempo no hay profesionales procesados y si bien es verdad que han cerrado algunas publicaciones es por razones empresariales. La Constitución reconoce la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Y se respeta. Los políticos y empresarios delatados por sospechas de corrupción siempre tratan de justificar su inocencia, de vez en cuando amenazan con actuaciones judiciales, pero al final, cuando se demuestra que la información es veraz, optan por aguantarse el disgusto, el enfado que el abogado les defienda ante el juez.

Hoy, sin embargo, siento la sensación de que me he equivocado en parte haciendo una descripción tan idílica del respeto que existe en nuestro país hacia la libertad de prensa, hacia el derecho a informar de los medios y los periodistas, hacia el derecho de investigar cualquier sospecha que pueda ofrecer la biografía y el comportamiento de cualquier personaje público y hacia el derecho de los ciudadanos a conocerlo. Hay excepciones entre deplorables y esperpénticas. Acabo de leer en El Comercio que el diputado regional asturiano David González Medina -portavoz para mayor escarnio a tan importantes derechos de Educación en la cámara Auronómica- ha acudido a los tribunales con la pretensión de que el redactor del periódico Marcos Moro y su entonces director, Íñigo Noriega, dos periodistas serios, solventes y respetuosos con la verdad, sean encarcelados e inhabilitados como vulgares delincuentes por haber violado el derecho a la intimidad publicando un hecho delictivo que protagonizó y por el que fue condenado en el pasado: tráfico de mariguana.

El señor González Medina está en su derecho de acudir a los tribunales y el juez sabrá sin duda responder como proceda a su demanda. Quizás su problema es que ignora que las personas públicas, con responsabilidades administrativas o legislativas, tienen que ser trasparentes y cuando ellos no lo son es la prensa la que tiene que atender esa exigencia de los ciudadanos. Los votantes que los elevan a sus cargos necesitan conocer a quien eligen y a quien van a pagarle el sueldo con sus impuestos, y para eso, para prestar ese servicio a la sociedad, está el periodismo. Los periodistas tenemos la obligación de informar y para informar debemos recabar y contrastar los datos. La investigación es necesaria y cada vez cobra mayor importancia en toda la prensa libre del mundo. Por supuesto que a nadie le gusta que le saquen sus trapos sucios y más cuando tiene que enfrentarse a al dictamen de las urnas pero eso va incluido en el deseo de servir a los demás, en el sueldo y en el disfrute del poder.

Sorprende además la actitud del señor Medina cuando entre tantos y tantos casos de corrupción política como a diario escandalizan a la sociedad española, muchos de ellos protagonizados por otros líderes de su partido, ninguno aceptó de buena gana ni la acusación, ni la imputación, ni el procesamiento ni la condena que les ha llevado a prisión, pero casi ninguno que yo recuerde ha intentado represaliar, como ocurre en Turquía, a los periodistas que no se pliegan a difundir solamente las noticias que les interesa. Ni siquiera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acusó de violar su intimidad al periodista que reveló sus correos comprometedores a Luis Bárcenas ni consta que los implicados en los chanchullos de los Papeles de Panamá se estén querellando con quienes descubrieron y sacaron al conocimiento general tantas irregularidades de defraudadores, evasores, narcotraficantes o estafadores.

Y lo mismo ocurre en otros países. Los periodistas que en Italia revelan los contubernios entre los políticos y la mafia sufren la amenaza permanente de los matones de la Cosa Nostra, pero nadie del Gobierno, incluido el propio Berlusconi, intentó ni intenta silenciarles con el recurso a unas leyes que son ellos quienes a veces las violan, no quienes las defienden cumpliendo con su obligación social y profesional. Ni la mismísima Administración norteamericana ha actuado judicialmente contra el australiano Julian Assange cuando las revelaciones de WikiLeaks sobre los documentos secretos de la Secretaría de Estado amenazaron seriamente la estabilidad internacional. Assange huye de la Justicia refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, pero no por investigar y revelar secretos, sino por una acusación grave de carácter sexual.