Clamor contra el PP por pedir cárcel para dos periodistas que contaron la verdad

El eco que provocó la divulgación de la petición de cárcel para dos periodistas (portada en los once periódicos regionales de Vocento) por el hecho de informar no se hizo esperar. Profesionales de la comunicación, medios y asociaciones profesionales arroparon sin fisuras a Marcos Moro e Íñigo Noriega.

Y la primera reacción de peso que puede desembocar en un cambio en la situación procesal de los periodistas la protagonizó la fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández García. A resultas de la querella del parlamentario, el fiscal Javier Casamayor solicitó cinco y tres meses de prisión para Moro y Noriega. Pues bien, Fernández García realizó ayer un análisis exclusivamente técnico del escrito de acusación de la Fiscalía con el que pretendió suavizar la postura del Ministerio Público en este caso. Sostiene que «en el mismo documento -del fiscal Casamayor- se hace referencia a que existe la posibilidad de sustituir esa pena -de cárcel- por una multa». Y recuerda que «el procedimiento seguido por la Fiscalía fue tipificar el supuesto delito, en este caso, revelación de secreto, detectar la atenuante correspondiente a la profesión de los periodistas y reducir en dos grados, consiguientemente, la pena mínima que prevé la ley, que sería de un año de carcel». Así las cosas, insiste, «con la citada reducción, la propuesta no implicaría petición de cárcel, sino que puede solucionarse con una multa».

Que David González Medina retire los cargos por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos es lo que reclamaron voces de la profesión y también el PSOE. En boca de su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, el principal partido de la oposición mostró su estupor ante lo que entiende como un atropello del PP contra dos profesionales del periodismo. «El PP siempre que se publican noticias que le perjudican piensa en atacar al mensajero en vez de rectificar las conductas inapropiadas de sus dirigentes», dijo Hernando.

El silencio de los populares

El partido que sostiene al actual Gobierno en funciones se ha convertido de un tiempo a esta parte, con Venezuela como hilo conductor, en un altavoz a favor de la libertades. Este viernes, sin embargo, tanto en Moncloa como en Génova la reacción no fue la que cabría esperar ante el ataque a una de ellas. El Ejecutivo y el PP se desmarcaron del asunto, tratando de hacer ver que nada tenía que ver con ellos. «Es una cuestión de un particular», zanjaron, obviando así que David González Medina es un cargo electo de los populares en la Junta General del Principado y persona de la máxima confianza de la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández; es decir, el PP puede exigirle responsabilidades o, al menos, explicaciones por el ataque a dos periodistas en el ejercicio de su profesión.

La petición de privacidad de libertad para Moro y Noriega por unos hechos probados es incomprensible para algunos miembros de distintas direcciones regionales del PP, que, sin querer salir a la luz, mostraron su apoyo a los periodistas y su rechazo a la postura ejercida por el parlamentario asturiano. Es más, consideran «injusta» la denuncia al entender que es un ataque contra el periodismo.

Ciudadanos, cuyo líder viajó la semana pasada a Venezuela para hacer causa de las libertades, se alineó esta vez con la tesis de el PP nacional. «No comentamos nada para no afectar a ninguna de las partes», se limitaron a decir fuentes de la dirección. La formación de Pablo Iglesias, mientras tanto, se remitió a las palabras del portavoz de la formación morada en Asturias, Emilio León: «Los representantes públicos deben dar ejemplo a la hora de defender la libertad de prensa».

Pero las grandes muestras de apoyo absoluto que se recibieron en las redacción de El Comercio y las del resto de cabeceras del grupo Vocento. Por suerte para los periodistas, las querellas de este tipo son contadas y, por fortuna para la profesión, la Justicia siempre ha primado el derecho a informar en caso de revelación de secretos.

Porque, como afirmó tajante Elsa González, presidenta de la Asociación de la Prensa de España (FAPE), «un periodista tiene la obligación de informar y de difundir una noticia cuando la considera relevante para la opinión pública y la ciudadanía. Y en esta situación se está cumpliendo al pie de la letra».