El PP pide cárcel e inhabilitación para dos periodistas de Vocento por revelar la verdad

A raíz de esta información, el ahora diputado regional presentó una querella en la que acusó al periodista de El Comercio Marcos Moro, y a Íñigo Noriega, director del diario en el momento en el que fue publicada la información y actual director de El Diario Montañés, de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Sin poner en duda ni un solo dato de la noticia, el político popular argumenta en su querella que para lograr la información, de notorio conocimiento, este periódico pudo «haber accedido a ficheros o bases de datos sin acceso autorizado» como el Registro Central de Penados o el Registro de Sanciones Administrativas del Ayuntamiento de Gijón, aunque durante el proceso de instrucción quedó probado que ninguno de los dos periodistas accedió ninguno de ellos.

A resultas de la querella del parlamentario, el fiscal Javier Casamayor también solicita cinco y tres meses de prisión respectivamente para ambos periodistas, aunque en su escrito la propia Fiscalía reconoce que no ha sido averiguado el modo en el que se accedió a los datos ni pone en cuestión que la información sea verdad. Aún más, el propio fiscal señala como un hecho a tener en cuenta que la supuesta revelación de secretos es consecuencia del desempeño periodístico.

Durante el proceso de instrucción, ambos periodistas ya rechazaron las acusaciones del político popular, señalando que la información fue elaborada a partir de distintas fuentes y testimonios, todos ellos legítimos. Pese a ello, el parlamentario, respaldado por la dirección regional de su partido, decidió continuar adelante con un proceso abocado ahora a la apertura de juicio oral.

Acciones penales

La noticia por la que el ahora representante del PP en la Junta General del Principado decidió emprender acciones legales fue publicada en octubre de 2014. David González Medina, que rechazó realizar declaraciones a El Comercio cuando los periodistas le ofrecieron tal posibilidad antes de que la información fuera publicada, protagonizó al día siguiente de conocerse la noticia una rueda de prensa en la que no cuestionó la veracidad de la información, sino que anunció acciones legales contra quienes se atreviesen a difundir la información. No obstante, fueron infinidad los medios de comunicación españoles los que reprodujeron la información publicada por El Comercio dada su evidente relevancia informativa. En aquel momento, Medina aseguró actuar sintiéndose completamente apoyado por la dirección del PP asturiano. De hecho, señaló que su objetivo era conocer la fuente interesada en la difusión de la información, deslizando que podría tratarse del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, los críticos de su partido o «una combinación de ambos».

La sanción a Medina fue objeto de polémica dentro del propio PP. «El tráfico de drogas es algo más que una chinita en el zapato; es una losa», llegó a asegurar Ignacio Riestra, ex secretario general de los populares gijoneses, quien señaló que el pasado de Medina «era conocido en ámbitos extensos del partido». «Cuando yo regresé al PP después de diez años de ausencia, me llegaron informaciones sobre estos hechos con diferentes versiones por todas partes», afirmó.

David González Medina, que había sido presidente de Nuevas Generaciones en Gijón durante cuatro años, fue elegido presidente del PP en la ciudad el 18 de octubre de 2014. Su nombre fue el único que pudieron votar los afiliados, puesto que los avales del otro candidato, Ignacio Riestra, fueron rechazados en su mayor parte por la mesa. Esta decisión motivó un recurso por parte de su oponente, a quien los jueces dieron la razón tres meses después, declarando nulo el congreso. La sentencia señaló que se había impedido a uno de los candidatos preparar «debidamente» el cónclave, «negándole» una información que «era esencial y que, en la práctica, se tradujo en que ni siquiera pudo someter su candidatura a votación».

Tras esta decisión judicial, la dirección regional del PP incluyó a Medina en la lista autonómica en las elecciones de 2015. Además, le nombró portavoz de campaña y responsable de redes sociales del partido en Asturias. En el Parlamento asturiano, forma parte de la comisión de Educación y Cultura en representación de su partido. El diputado regional no tiene ahora antecedentes penales. Su historial aparece en blanco porque la Justicia permite cancelarlos dependiendo del grado del delito. Él solicitó este derecho y, por tanto, no está inhabilitado para acceder a cargo público por aquellos hechos.