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Iker Cortés
Viernes, 3 de junio 2016, 15:13
"Un periodista tiene la obligación de informar y de difundir una noticia cuando la considera relevante". Es la contundente reacción de Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, a la noticia de que el diputado regional del PP de ... Asturias David González Medina ha solicitado tres años y ocho meses de prisión e inhabilitación para el redactor de El Comercio Marcos Moro, así como tres años y seis meses de prisión e inhabilitación para el exdirector del diario Íñigo Noriega por una noticia cuya veracidad quedó demostrada: que González Medina había sido condenado por tráfico de drogas en 2004 y sancionado por consumo de estupefacientes en 2011.
La presidenta de la FAPE ha hecho hincapié en que quienes tienen la responsabilidad de mantener el secreto de los sumarios y de las bases de datos "son los responsables de los juzgados". Ellos, en su opinión, deben velar porque no se revelen esas informaciones. En cambio, "un periodista tiene la obligación de difundir esa información si la consigue y cree que es relevante para la opinión pública y para la ciudadanía", insiste. Pone un ejemplo: el 'caso Watergate' nunca habría salido a la luz si no se hubieran seguido estas premisas a favor de la libertad de información. En este sentido, a González no le cabe ninguna duda: "Por supuesto que la información era relevante".
Va más allá pues recuerda que "no ha quedado demostrado que hubieran obtenido la información de forma ilícita". Durante el proceso de instrucción, ambos periodistas ya rechazaron las acusaciones del político popular, señalando que la información fue elaborada a partir de distintas fuentes y testimonios, todos ellos legítimos. Elsa González afirma, además, que últimamente en España se están produciendo demasiados casos de este tipo, que están "vilipendiando la libertad de información y de prensa. Han coincidido muchos casos de acoso al periodismo y a los periodistas y eso es grave".
Finalmente, hace mención al artículo 20 de la Constitución: defender el derecho al ciudadano a recibir una información libre y veraz. "En este caso, se está cumpliendo al pie de la letra", concluye.
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